Buenos Aires, 17 de julio. Organismos de derechos humanos advirtieron sobre una campaña desatada aquí por los medios de comunicación de Clarín y otros afines intentado cerrar la causa que investiga si dos hijos adoptados por la dueña de ese Grupo Ernestina Herrera de Noble -Marcela y Felipe- durante la pasada dictadura militar argentina son o no hijos de desaparecidos.

La inicitaiva tuvo el apoyo de algunos dirigentes políticos de la oposición, que tomaron el tema como una campaña en tiempo electoral para atacar a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, a pesar de que esta causa comenzó en los años 90 y continuó en todos los gobiernos hasta ahora.

Bajo el argumento de que los cotejos realizados por el Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG) entre los ADN de los adoptados por Herrera de Noble con más de 50 familias de desaparecidos, resultaron negativos, no informan que aún faltan decenas de casos para comparar y que quedaron apartadas tres muestras en el cotejo con Marcela Noble Herrera y uno para continuar investigando sobre su hermano de adopción.

Tenemos que esperar el resto de los resultados, advirtió Alan Iud, abogado de Abuelas de Plaza de Mayo, la organización que ha recuperado más de cien hijos de desaparecidos durante la pasada dictadura y robados por los militares a sus familias.

En Abuelas siempre dijimos que lo importante era llegar a la verdad, independientemente del resultado, para responder a las familias a los nietos, y cuyos hijos están desaparecidos y más aún cuando estamos viendo en los juicios los horrores de lo sucedido, dijo el abogado Iud.

También explicó que cuando como en este caso aparecen familias con las que no se pudo confirmar el vínculo biológico, pero tampoco se puede excluir hay que esperar ya que puede no haber suficiente información genética de esos grupos familiares, ya sea porque no han concurrido todos al BNGD o se incorporaron hace escaso tiempo o porque sus integrantes están fallecidos”

Son cerca de 500 familias las que buscan a los niños robados por los militares después del parto de sus madres que fueron desaparecidas, o secuestrados muy pequeños con sus padres y no están todas las muestras registradas

Iud recordó que hubo denuncias en este caso y dudas básicas por las graves irregularidades en la adopción de ambos comprobadas judicialmente desde hace años.

El 17 de diciembre de 2002 Herrera de Noble fue detenida por orden del ex juez federal Roberto Marquevich de San Isidro. al comprobar que “mintió en dos expedientes de adopción que había en ese municipio. Ella dijo que vivía en San Isidro y vivía en la calle Libertador (Capital Federal). Y se agregaron documentos apócrifos. La persona que supuestamente le entregó los bebés, un tal García, resultó que era el chofer de la señora de Noble y otros datos similares falsos. Esto hasta ahora no lo refutó nadie, pero tres meses después yo no estaba más en la justicia (fue destituido en marzo de 2003) y nunca me había imaginado que iba a tener un jury por privación ilegal de la libertad y como era previsible me sobreseyeron. Pero me podrían haber condenado. Estaban las pruebas del delito, pero nada se pudo hacer”, refiere Marquevich.

El ex magistrado admitió que fue severamente presionado para liberar rápidamente a Herrera de Noble como sucedió. Entre esas presiones mencionó al entonces presidente (interino) Eduardo Duhalde (enero 2002 –mayo de 2003) y senadores, diputados y políticos de distintas tendencias. Nadie estaba dispuesto a enfrentarse con un medio tan poderoso como ese. Es el poder enorme al que se enfrentan y temen todos, dijo Marquevich

Así por estas horas la campaña por el cierre de la causa se inició con la misma celeridad con que se tardaron más de diez años para autorizar el análisis de ADN,

Por eso son muchos los que se preguntan ¿qué hay detrás de esta decisión repentina de aceptar lo que se obstaculizó durante años y en momentos en que se conoce que una genetista del BNDG separada de su cargo en 2006 se llevó una computadora donde figuraría una copia de todos los datos y que hoy tiene vínculos con la defensa de Herrera de Noble?.

El ex juez y camarista federal Gabriel Cavallo, actual abogado defensor de la directora de Clarín anticipó que pedirá el cierre de la causa y el sobreseimiento de Herrera de Noble, una vez que hayan terminado todas las pruebas pendientes.

Sostuvo que desde su punto de vista con estos resultados la discusión está terminada, porque nosotros tenemos probado que Marcela y Felipe nacieron entre marzo y abril de 1976

De acuerdo al juez Cavallo la fecha de nacimiento de los niños surge de las que figuran en los expedientes de las dos adopciones y “están certificadas por el médico que revisó a los chicos en ese momento(…) que dijo, en mayo de 1976, que Marcela tenía dos meses de vida, porque pesaba tanto y medía tanto. Y en el caso de Felipe, dijo en julio que tenía unos cuatro meses”.

En ningún momento se refirió a las irregularidades de la adopción, sólo para decir que es un delito que ya prescribió.

También intervino en este caso la Asociación (patronal) de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) que mediante un comunicado señala que “lo recientes resultados negativos (…) sugieren que el gobierno puede haber usado políticamente a los Derechos Humanos para presionar a un medio de comunicación”, sin referir que esta causa lleva años en la justicia.

Se añadieron al coro Elisa Carrió de la derechista Coalición Cívica, quien llegó a decir que Estela de Carlotto ( presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo) y la presidenta deben pedirle perdón a estos jóvenes.

De la misma manera el radical Ricardo Alfonsín -cuyo padre, ya fallecido, Raúl Alfonsín llevó adelante los históricos juicios contra la junta militar en 1985- analizó que esta no es una lucha humanitaria sino que pretendían dañar a un medio crítico (Clarín) sin reparar en límites elementales, mientras que el ex presidente Duhalde sostuvo que hace tiempo cree que no deben continuar las causas de Derechos Humanos. No podemos transmitir a las nuevas generaciones los odios del pasado. No faltaron las voces de Mauricio Macri intendente de esta capital y hasta el ex vicepresidente Julio Cobos.

Las Abuelas recordaron que la llamada politización del caso está en otro lado y recordaron que hasta la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) sostuvo en mayo pasado que el robo de bebés en la dictadura es asunto de familia, tal como lo dijo su presidente Gonzalo Marroquín cuando fue consultado sobre el caso, Eso fue inaceptable porque es un delito de lesa humanidad de lo que estamos hablando, dijo Estela de Carlotto,