La norma 29 –con la que se busca regular el crecimiento de las tiendas de autoservicio y conveniencia en esta ciudad– es un acto administrativo de ordenación territorial, no una ley, aseguró la secretaria de la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), Aleida Alavez, quien cuestionó la validez de la impugnación presentada por la Procuraduría General de la República (PGR) ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación contra la citada disposición.

De acuerdo con la legisladora perredista, en días recientes la ALDF presentó ante el máximo tribunal del país su informe sobre la constitucionalidad de dicha norma, donde se menciona que los mecanismos de control constitucional se aplican sólo a las leyes.

Para la Asamblea Legislativa –dijo–, la norma 29 es un acto administrativo de ordenación del territorio para adicionar un programa de desarrollo urbano que regula la intensidad, ocupación y formas de aprovechamiento del suelo y el espacio territorial.

Con ello, dijo, se busca que no se confunda el contenido sustantivo de la norma –que es la ordenación territorial de las tiendas de autoservicio, supermercados, tiendas de conveniencia y minisúpers– con el efecto económico que podría generar.

Aseguró que la norma 29 es una poderosa herramienta que tiende a corregir las fallas que se producirían en el abasto público si se permite la competencia injusta entre tiendas de autoservicio y locatarios de mercados públicos.