Desplazados del tapón de Grijalva, víctimas de inseguridad alimentaria

• Su caso llega a instancias internacionales,
  mientras el gobierno presume de la Ciudad Rural

En su reciente visita oficial, el relator especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para el Derecho a la Alimentación, Olivier de Schutter, recibió de manos de 11 organizaciones campesinas un informe denominado Caracoles anegados, relativo a la situación de los damnificados en noviembre de 2007 por el desgajamiento de un cerro que generó lo que hoy se llama el “Tapón del Río Grijalva”, en el municipio de Ostuacán, Chiapas.

Las organizaciones, entre ellas las Coordinadora Nacional Plan de Ayala (CNPA), la Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de Productores del Campo (ANEC) y la Central Cardenista Campesina (CCC), fueron conducto para la entrega de este documento porque la condición actual de tales afectados – que antes del desastre integraban 33 pueblos con 404 familias en igual número de casas— es de inseguridad alimentaria.

Varias de las familias fueron instaladas en la Ciudad Rural Nuevo San Juan Grijalva –con la cual los gobiernos de Chiapas y el federal han presumido contar con la “primera ciudad autosustentable del mundo” y ser punta de lanza en el cumplimiento de los Objetivos del Milenio de la ONU–, pero ésta se encuentra demasiado lejos de cualquier zona de cultivo agrícola: “para ir a trabajar, la gente debe gastar hasta cien pesos en transporte, mientras que cuando mucho el jornal les resulta en 200 pesos”, por lo cual hay cabezas de familia que han decidido emigrar de la región a fin de obtener su ingreso de otras fuentes, afirma Adrián Ramírez, presidente de la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos (Limeddh), instancia que elaboró el Informe a partir de una investigación de campo continua que inició en 2008.

El Informe dice que supuestamente las casas de la Ciudad Rural están diseñadas para tener cultivos y animales, pero su tamaño, de cuatro metros por cuatro, no da para eso y además el suelo es infértil. Así, los residentes, antes campesinos con tierras para el autoconsumo, han perdido su vínculo con la tierra y con la auto proveeduría de alimentos. Pero más allá de la inseguridad alimentaria, el Informe documenta una serie de inconsistencias, injusticias y abusos contra estos damnificados, todos en situación de pobreza, y entre lo más grave está la detención y encarcelamiento ilegal desde hace un año de más de 20 personas, de las cuales diez siguen en prisión; la amenaza constante de detención contra más líderes, y la inacción al respecto de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que recibió la denuncia pero no ha emitido recomendación alguna.

El documento –que también será entregado a los relatores de la ONU para el Derecho a la Vivienda y Contra las Detenciones Arbitrarias, así como a instancias de la Organización de los Estados Americanos (OEA)– destaca que la Ciudad Rural fue construida con recursos públicos, así como de la Fundación Azteca y Fomento Social Banamex, pero los materiales utilizados son de muy dudosa calidad y contrastan con lo reportado en los avalúos del Catastro Chiapas.

Por ejemplo, el Catastro dice que fue utilizada tubería de metal, cuando en realidad es de plástico, y tejas de metal, cuando el material es reciclado (una serie de fotografías en el Informe lo expone), “y esto lleva a suponer la existencia de un fraude millonario en la construcción”, dice el documento y señala que “apenas va un año y las casas ya se están cayendo. El ladrillo de las paredes, que consta de una porción de cemento por ocho de lodo, ya se ve desgastado. Las casas se observan con grietas y tabiques incompletos (…), el agua se filtra y hay manchas de humedad en las paredes y charcos”.

Además, “la Ciudad Rural está lejos de vías de tránsito importantes, por lo que depende sólo del consumo de sus habitantes, quienes al vivir en la pobreza y lejos de sus trabajos no cuentan con la capacidad de activar la economía interna”.

FOTO: Francisco Olvera / La Jornada

Julio Mata, de la Red Alerta Temprana (que respalda el Informe) afirma que además del acto de corrupción que se observa por los materiales utilizados, hay un asunto fundamental: “se olvidó consultar a los implicados, no se planeó con ellos qué casas se les podría dar”. A los damnificados se les dotó de un lugar inadecuado, donde es absurdo pensar en que puedan contar con una parcela de cultivo cercana y se les está sometiendo a vivir allí”.

Por otra parte, la gran mayoría de familias afectadas, más de 300, continúan viviendo hacinadas en un conjunto de cabañas insalubres de dos por tres metros, denominadas Villa Rural, que fueron construidas originalmente como refugio temporal. Por cada cien personas, hay seis baños y seis lavabos. Esta Villa es vecina de un riachuelo que arrastra aguas sucias de varias comunidades que provoca un olor insoportable.

Por la inconformidad ante todo esto y por otras razones la gente ha realizado movilizaciones públicas. Y la respuesta ha sido policiaca: la detención y encarcelamiento de líderes. Entre esas otras razones están el incumplimiento en la indemnización por los terrenos y casas perdidos (un total de casi cien mil hectáreas de cultivo, ganaderas y de habitación), así como por versiones y rumores de que las comunidades afectadas por el desgajamiento del cerro estuvieron inundadas durante tres meses luego de noviembre de 2007 debido a una estrategia fallida de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), y de que las labores que hoy realizan en la zona la CFE y la Comisión Nacional del Agua (Conagua) pretenden establecer infraestructura para la generación de energía y por tanto se buscó deliberadamente desplazar a los damnificados.

Relata Abigail Escalante, del Observatorio Nacional de Prisiones, instancia que entre muchas otras organizaciones respalda el Informe: el 4 de julio de 2010 la Policía Estatal Preventiva realizó dos operativos, uno en Malpasito de las Flores, en el municipio de Tecpatán, Chiapas, donde detuvo de forma violenta, con golpes, a diez personas que se estaban manifestando por la falta de pago de indemnizaciones. Muchos de ellos son adultos mayores y campesinos, y algunos eran personas que transitaban por el lugar, no tenían nada que ver con la movilización. Hubo “siembra de cartuchos” y de mariguana y se acusó a los detenidos de daños contra la salud y de portación de armas de uso exclusivo del ejército. Pero después, ante la falta de evidencias, se les retiró esas acusaciones. Ahora están libres bajo fianza con acusaciones por motín, daño a vías de comunicación y uso de vehículos robados a la CFE.

En el segundo operativo fueron detenidas 13 personas, actualmente recluidas en la cárcel conocida como El Amate. “A muchas de ellas las identificamos como injustamente presas, pues fueron recluidas por motivos políticos porque, si recordamos, el 4 de julio hubo elecciones en frontera Comalapa”. El gobierno estatal no quiere asumir su responsabilidad por el daño patrimonial que ha causado a los damnificados del Tapón de Grijalva, y se ha criminalizado la protesta social, señaló Abigail Escalante y comentó también el caso de Francisco Jiménez Pablo, quien fue detenido y encarcelado en el marco de una reunión convocada por el gobierno estatal para “negociar” (Lourdes Edith Rudiño).