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La pobreza rural, problema multifacético
José Antonio Mendoza Zazueta La pobreza rural no es un problema simple: es crónico; con raíces estructurales; viene de mucho tiempo atrás; tiene cara indígena, y está asentado fundamentalmente en el sur-sureste de la República, pues desde hace 70 u 80 años la ruralidad se concentra en esa región, cruzada con la pobreza y la miseria. Y este problema presenta hoy nuevas facetas, como son el deterioro de los recursos naturales, el cambio en la composición del ingreso de los hogares y el envejecimiento y la feminización de la población campesina, que van alineados con los principales retos de la humanidad: el cambio climático, la seguridad alimentaria, el freno a la violencia y la equidad social. El Proyecto Conocimiento y Cambio en Pobreza Rural y Desarrollo –que Rimisp– Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural (con sede en Santiago, Chile) implementa en México, Colombia, Ecuador y El Salvador– concibe que definir o redefinir políticas públicas que afronten la pobreza de manera eficiente y efectiva, y en el menor tiempo posible, es un imperativo ético, de evidente justicia social. Pero además, en la medida que atendamos el problema adecuadamente, se podrá enfrentar los grandes retos mencionados y se crearán condiciones para hacer progresar más rápidamente al país (o países, considerando todo el Proyecto) en su conjunto. En México, este Proyecto, que se realiza en alianza con la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y con la Secretaría de Agricul tura (Sagarpa), encargó a varios académicos y expertos en temas rurales una serie de estudios –análisis, diagnósticos, revisiones históricas, propuestas—, que en forma resumida se publican en esta edición de La Jornada del Campo, y que dan cuenta de situaciones tales como el que la pobreza va ligada a una gran desigualdad social –hay entidades del norte de la República diez veces más ricas que Chiapas o Oaxaca–, así como de tareas urgentes pero complicadas, como es reenfocar el Presupuesto Especial Concurrente para el Desarrollo Rural (PEC), pues su estructura actual abona a tal desigualdad al dar preferencias al norte sobre el sur y privilegiar los apoyos privados en detrimento de los públicos.
Datos tomados de estos estudios, de Rolando Cordera, Leonardo Lomelí, Gustavo Gordillo, Antonio Yúnez-Naude, Omar Stabridis, Luis Gómez Oliver, Salomón Nahmad y Álvaro González, merecen subrayarse pues son indicativos de la complejidad de la pobreza rural y de su cruce con los retos globales: –Hay una creciente dispersión demográfica: en 1910 había 70 mil localidades rurales en el país y para 2010 ya son 190 mil, cada una de ellas con menos de cinco mil habitantes. Allí habitan 32 millones de mexicanos, y la mitad viven en localidades menores a mil habitantes. Al mismo tiempo, y paradójicamente, la población rural muestra una tasa de crecimiento negativa, derivada de una menor tasa de natalidad, pero también por causa de la migración (suman entre 400 mil y 450 mil migrantes rurales anuales). –Los pobres rurales poseen recursos productivos bastante limitados y con alto grado de deterioro: ladera, cerro y parcelas con alto declive y condiciones muy frágiles de producción. Y la migración, ligada a la búsqueda de ingresos en fuentes ajenas al campo está propiciando una fragmentación de las familias y nuevos arreglos rurales. Buena parte de los hogares rurales en pobreza son monoparentales.
–El sector agropecuario ha declinado progresivamente en su aporte al ingreso total familiar. En promedio, el 17 por ciento del ingreso rural proviene de ese sector y el 83 restante corresponde a trabajo asalariado (incluido el trabajo en unidades de producción agrícola ajenas), transferencias públicas y remesas. Esto, con la excepción de los campesinos más pobres, los que están en el primer decil. Para ellos, el ingreso principal, en 35 por ciento por lo menos, proviene del agro, y ello se refuerza cuando involucramos el autoconsumo. Situación que indica la importancia y necesidad de fortalecer con políticas públicas a la agricultura familiar, de pequeña escala, misma que es además la que mayor potencial tiene para enfrentar el cambio climático global, con mejoras del suelo, de las fuentes de agua y en general del entorno rural. –El 55 por ciento de los titulares de la tierra tiene más de 50 años de edad. Y de ellos la mitad rebasa los 65 años. Asimismo, a la fecha 1.2 millones de titulares de derechos ejidales son mujeres y 25 por ciento de los hogares rurales tienen jefatura femenina. De los retos globales, destaca que: –La crisis alimentaria, experimentada seriamente en México en 2007-08 –que propició una reversión en las tendencias de reducción de la pobreza y generó expresiones masivas de malestar–, se ha vuelto ya un fenómeno crónico, fomentado por la especulación financiera, pero también por una mayor demanda de alimentos desde países que diversifican su dieta con más proteína, y por el creciente uso de granos y oleaginosas para agrocombustibles.
–Según algunos expertos, México resultará afectado en 20 o 25 por ciento en cuanto a su provisión de granos básicos, debido al calentamiento global. El Proyecto Conocimiento y Cambio en Pobreza Rural y Desarrollo –que es financiado por el Fondo internacional para el Desarrollo Agrícola (FIDA), una agencia de las Naciones Unidas, y por el International Development Research Center (IDRC), del gobierno de Canadá– cumplió ya un año y su estrategia principal para incidir en las políticas públicas orientadas a abatir la pobreza rural, así como impulsar inversiones a favor de la población que enfrenta el problema, es la conformación de grupos de trabajo (denominados Grupo Diálogo Rural, GDR). Los GDR son responsables de organizar y conducir procesos de diálogo político, análisis de políticas y asistencia técnica a los tomadores de decisiones. En México tenemos el GDR México y el GDR Oaxaca; estamos en proceso de creación del GDR Chiapas y Guerrero, y hay la intención de contar con otros GDR de los estados del sur. El GDR México fue creado en enero de 2001, se conforma por más de 30 personalidades destacadas de los ámbitos social, empresarial, académico, gubernamental y político, y sus líderes son el rector de la UNAM, José Narro Robles, y el secretario de Agricultura, Francisco Mayorga Castañeda. Es sumamente importante contar con estos GDR, pues es un hecho que en México tenemos una gran dificultad para concretar acuerdos: no hay una visión compartida de gobiernos estatales, ni entre Ejecutivo y Legislativo sobre cuál debe ser la política más adecuada para superar la pobreza rural. También al interior de las propias dependencias del Ejecutivo federal, los desacuerdos y contradicciones están a la orden del día, dada la multiplicidad de programas y la falta de coordinación. Los programas del PEC no se coordinan y no aterrizan con una visión unitaria de desarrollo estructural ni de abatimiento de la pobreza. A todo esto se suma la insuficiente transparencia y rendición de cuentas. Así, los GDR buscan presentar posiciones comunes de representantes sociales con calidad moral, de los diversos ámbitos y así allanar todos estos conflictos que hay para la toma de acuerdos y consensos. Considerando los trabajos de los académicos mencionados –que son miembros del GDR México y/o del GDR Oaxaca—, así como opiniones y deliberaciones de los participantes en estos grupos, el Proyecto en México prevé tener en octubre próximo un documento de propuestas de política pública que será puesto a consideración de otras agrupaciones sociales o académicas –como el grupo de intelectuales que firmaron en 2009 el documento México frente a la crisis: Hacia un nuevo curso de desarrollo— y de organizaciones campesinas, para lograr el mayor apoyo social posible, y luego será presentado ante los poderes Legislativo y Ejecutivo, con el objetivo de incidir en las políticas públicas e ir bordando en el cambio que requiere nuestro país. Secretario técnico del GDR México, del Proyecto Conocimiento y Cambio en Pobreza Rural y Desarrollo
Pertinencia e impacto de los subsidios Asistencialismo vs fomento productivo Luis Gómez Oliver La atención a la pobreza rural ha aparecido tradicionalmente como una prioridad en los objetivos de las políticas nacionales de desarrollo. Pero las acciones concretas no reflejan tal prioridad. La razón está en la falta de voluntad política real, pero hay otras causas: la asignación de recursos relativamente cuantiosos, pero ineficientes, parece indicar que existen dificultades objetivas para ubicar el desarrollo rural y el combate a la pobreza rural dentro de la estrategia de desarrollo nacional. Hace falta un planteamiento, técnicamente bien sustentado, sobre instrumentos capaces de enfrentar con éxito el desafío del desarrollo rural en México. Las condiciones de vida en el medio rural continúan siendo esenciales para la caracterización del tipo de sociedad, la sustentabilidad ambiental y el potencial del desarrollo futuro de México. De las 188 mil localidades existentes en el país, 185 mil tienen menos de dos mil 500 habitantes, donde viven 24 millones de personas, 22 por ciento del total nacional, ocupando el 76.5 por ciento del territorio nacional. Si se considera el umbral demográfico de 15 mil personas, la población rural asciende a 38 millones de personas, 34 por ciento del total nacional. El medio rural mantiene una gran importancia en el empleo; en la evolución demográfica y las migraciones; en los recursos naturales, como el suelo, el agua o la biodiversidad; en el ordenamiento territorial del desarrollo y el equilibrio regional; en el sistema agroalimentario y en diversas articulaciones intersectoriales; en el desarrollo cultural y en muchas de las expresiones más entrañables de la identidad nacional; así como en la conformación del tejido social del país. Por otra parte, la polarización urbano-rural sigue siendo una expresión de la polarización que presenta el desarrollo del país. De 26 millones de mexicanos que viven en pobreza extrema (pobreza alimentaria), 16 millones corresponden a población rural. A diferencia de otros países latinoamericanos, donde ya la mayor parte de los pobres vive en las ciudades, en México 60 por ciento de las personas en situación de pobreza extrema viven en el medio rural. Mientras que en las ciudades la pobreza alimentaria afecta al 15 por ciento de la población, en el medio rural esta proporción es casi el triple, 41 por ciento. La pobreza de capacidades afecta al 22 por ciento de los habitantes de las ciudades, pero en el campo es más del doble, 46 por ciento. Un 45 por ciento de la población urbana sufre pobreza de patrimonio, pero en el medio rural afecta a dos de cada tres personas (67 por ciento). El 23 por ciento de la población rural dispersa (que vive en localidades de hasta dos mil 500 habitantes) participa con menos de dos por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) nacional. Al 37 por ciento de la población que vive en localidades de hasta 15 mil habitantes le corresponde una participación de sólo diez por ciento en el PIB nacional. Dentro de la población rural pobre está casi la totalidad de los indígenas, quienes viven en condiciones de alta marginación y sin vías para integrarse al desarrollo nacional preservando su propia cultura. Las acciones para lograr el desarrollo rural, especialmente las destinadas a reducir la pobreza, deben considerar la actual realidad de la economía rural. En 2000 la proporción del ingreso de los hogares rurales que se originaba en actividades agropecuarias era solamente 29 por ciento y para 2008 se ha reducido aún más, apenas significa 21 por ciento del ingreso familiar rural. De los porcentajes señalados, aproximadamente la mitad corresponde a ingresos derivados de la producción obtenida por cuenta propia y la otra mitad a salarios en actividades agropecuarias. Es decir, la participación de la actividad agrícola por cuenta propia dentro del ingreso de los hogares rurales que en 2000 ya era muy baja (15 por ciento), en 2008 ya representó solamente diez por ciento del ingreso de los hogares rurales. Esta reducida participación evidencia los estrechos límites que tendría una estrategia de reducción de la pobreza rural basada fundamentalmente en el incremento de la producción agrícola familiar. En cambio, el ingreso generado por las familias rurales en actividades fuera de la agricultura se ha sostenido o ha aumentado; en 2008 ya era más del doble del ingreso originado en actividades agropecuarias.
En particular, los salarios en sectores diferentes al agrícola significan la tercera parte del ingreso total (34 por ciento). El trabajo asalariado total, considerando también los salarios devengados en actividades agropecuarias, aporta 44 por ciento del ingreso familiar. Otras fuentes de ingreso que han aumentado su participación en los hogares rurales son las remesas y las transferencias del sector público. Aunque las remesas bajaron respecto del nivel alcanzado en 2000 (22 por ciento), mantienen gran importancia, aportando 16 por ciento del ingreso total. Las transferencias públicas crecieron aceleradamente, de dos por ciento en 2000 a ocho por ciento en 2008. Lo anterior no implica el rechazo a los apoyos a la agricultura familiar. A pesar de que el empleo rural no agropecuario es cada vez más relevante y además tiende a ser más productivo y mejor remunerado, la agricultura constituye una de las bases fundamentales dentro del conjunto de las actividades productivas del medio rural. Existe una dinámica positiva entre la agricultura y las demás actividades económicas que se realizan en el medio rural, como el comercio al menudeo, el trabajo asalariado no agropecuario, las actividades de turismo y otros servicios, las artesanías e incluso diversas actividades manufactureras. En general, el principal efecto del progreso en estas actividades no es la sustitución de la actividad agrícola, sino su fortalecimiento y desarrollo; recíprocamente, el crecimiento de la agricultura favorece también el desenvolvimiento de las demás actividades productivas en el medio rural. Se reconoce que el desarrollo rural no depende solamente del sector agropecuario y que no hay solución agrícola al desempleo y subempleo rurales. También debe reconocerse que en amplias zonas del territorio nacional el estancamiento agrícola hará más difícil lograr un mayor dinamismo en la economía rural. La estrategia de desarrollo rural debe incluir una política de apoyo a la agricultura familiar, pero dentro de una estrategia, mucho más amplia, de desarrollo rural multisectorial con enfoque territorial. Doctor en Economía, Profesor en la Facultad de Economía de la UNAM. Consultor internacional de la FAO y de otros organismos internacionales. Secretario Ejecutivo de AGROANÁLISIS, AC |