Consuelo Sánchez

El Nuevo Proyecto de Nación del Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), encabezado por Andrés Manuel López Obrador, recoge muchos de los reclamos, sentimientos y anhelos que ha venido expresando gran parte de los mexicanos y, entre ellos, los pueblos indígenas y los campesinos. Se trata de un proyecto colectivo en su elaboración, inspiración y vocación. Es una propuesta para ser discutida y enriquecida por el conjunto de los mexicanos preocupados por recuperar a México y construir acuerdos alternativos.

El proyecto incluye uno de los temas claves para la regeneración de México: la cuestión de la diversidad cultural y los derechos de los pueblos indígenas, históricamente relegados. En el proyecto se rememora y revalora la destacada participación de los pueblos originarios en los momentos decisivos de construcción y afi rmación de nuestra nación: Independencia, restauración de la República, Revolución mexicana, cardenismo y, en fechas recientes, la rebelión de los indígenas zapatistas de Chiapas por la justicia, la libertad y la democracia, así como la movilización de la sociedad mexicana a favor de un diálogo de paz entre el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y el gobierno. Tiene presente el incumplimiento de los acuerdos de San Andrés sobre derechos y cultura indígena, burlados y traicionados por los tres poderes del Estado en la reforma constitucional de 2001.

En el primero de los diez puntos (“Promover la revolución de las conciencias y un pensamiento crítico”), el proyecto asume que “es un compromiso irrenunciable el cumplimiento de los Acuerdos de San Andrés”. Pero va más allá en el reconocimiento de derechos de los pueblos indígenas y en el enfoque sobre los cambios que se requieren en el país para que esos derechos se hagan efectivos. Recupera la propuesta inicial de los zapatistas y de las organizaciones indígenas, orientada a reconstruir un México plural, incluyente y democrático. También hace suya la demanda central de autonomía de los pueblos indígenas y el derecho que tienen a existir, a ser diferentes, a ser felices, a dignificar y engrandecer su propia cultura y, en suma, a autodeterminarse.

El proyecto de nación rechaza las políticas que el Estado y la oligarquía han aplicado contra los pueblos durante siglos, provocando “un verdadero etnocidio” y perpetuado el racismo y las relaciones coloniales. Colocadas en este horizonte, las políticas proseguidas por los gobiernos priístas y panistas “no han resuelto con justicia las cuestiones que implica la diversidad y, en cambio, han sido extremadamente homogeneizadoras y destructoras de culturas”. La falta de respeto y reconocimiento de los pueblos indígenas “ha dejado a su paso una trágica estela de disolución cultural, destrucción de identidades, miseria social, despojos, opresión política y confl ictos cada vez más agudos”.

En contraste, el proyecto de nación de MORENA considera la diversidad “como una riqueza del país que debe no sólo ser reconocida y protegida, sino también fecundada en todos los sentidos”. En consecuencia, plantea que para construir una sociedad justa en nuestro país, es preciso “buscar las fórmulas de justicia e igualdad que permitan” a los pueblos indígenas “participar en las estructuras sociopolíticas nacionales”. Para ello, considera que se requiere “descolonizar el pensamiento y las prácticas sociales” e impulsar un nuevo pensamiento que, entre otras cuestiones, valore los aportes morales, culturales, identitarios, ambientales y productivos de los pueblos indígenas, así como su potencialidad, junto con la de otros sectores populares, en la refundación ética, política, social y económica de la nación. Advierte que ese proceso debe ir acompañado de reformas de fondo, que vayan a la raíz de los problemas, para 1) establecer un pluralismo que permita “el despliegue de toda la riqueza cultural propia del país”, 2) “crear la plataforma básica de una sociedad más igualitaria y justa”, y 3) constituir “nuestro propio régimen de autonomía, acorde con lo mejor de nuestras raíces históricas y nuestras necesidades como país”.

Tales reformas deben enfrentar simultáneamente la desigualdad socioeconómica y la sociocultural. En consonancia con ello, se habrán de desplegar dos políticas interrelacionadas: una orientada a establecer la equidad social y económica, y otra a procurar la igualdad entre culturas, visiones y preferencias diversas. El logro de la igualdad sociocultural (“la igualdad entre los componentes identitarios de la sociedad nacional”) implica, a su vez, “alcanzar algún género de arreglo autonómico”.

El proyecto de nación entiende la autonomía como una derivación del derecho de los pueblos indígenas a la autodeterminación (reconocido ampliamente por los instrumentos internacionales). Y asume la autonomía concebida por los pueblos indígenas como acuerdo encaminado a reconstruir la nación “a partir de nuevas relaciones entre los pueblos y los demás sectores socioculturales; igualmente contiene las líneas maestras de los vínculos deseados entre etnias y Estado, como ordenación para cambiar aspectos básicos de la política, la economía y la cultura del país en un sentido democrático, tolerante e incluyente”.

En suma, el proyecto de nación de MORENA considera como requisitos indispensables “para la construcción de una verdadera democracia” en nuestro país: 1) la participación de los pueblos indígenas en la vida nacional, en condiciones de dignidad y justicia; 2) “la instauración de un régimen de autonomía, incluyente y tolerante, que permita a los pueblos indígenas determinarse en el marco de la unidad nacional, mediante el respeto a sus autogobiernos, sus sistemas culturales (abarcando lenguas, creencias, usos y costumbres) y el efectivo reconocimiento y protección legal de sus territorios y recursos”; y 3) “terminar con el despojo y otros abusos de que son víctimas nuestros pueblos originales”. A fi n de garantizarlo “se debe dar vigencia al derecho de los pueblos a la consulta y el consentimiento previo como requisito para dar sentido a las decisiones de las autoridades respecto del patrimonio y modo de vida de aquéllos”. Finalmente, refiere que este “bloque de principios y derechos debe ser incluido en nuestra carta magna y constituir una plataforma medular de la nueva sociedad y el nuevo país que queremos construir”.

FOTO: Gobierno Legítimo

En el punto 9 “Campo y soberanía alimentaria”, el proyecto alternativo de nación también advierte el vínculo histórico entre los pueblos indígenas y la nación mexicana, y de su futuro compartido. Propone la recuperación económica, social y ambiental del campo mexicano, devastado por el neoliberalismo. Plantea que el punto de partida para el debate en torno a la recuperación del campo es “reconocer que el agrocidio en curso fue premeditado y alevoso”, producto de un conjunto de políticas (que incluyen reformas constitucionales y legales) “desplegadas por los gobiernos del PRI y del PAN desde 1982 a la fecha”, con el propósito de reestructurar la economía capitalista mexicana según las “políticas de ajustes” o “reformas estructurales” dictadas por los organismos internacionales (Fondo Monetario Internacional y Organización Mundial de Comercio), y en congruencia con las directrices del Consenso de Washington.

En concordancia con estas pautas de corte neoliberal, los gobiernos del PRI-PAN han privatizado prácticamente todas las empresas públicas, y en particular las ligadas al campo; suprimieron los controles a las importaciones de alimentos; retiraron todos los apoyos estatales a los campesinos y los dejaron desguarnecidos en el mercado global de alimentos dominado por la agroindustria trasnacional. En suma, la reestructuración de la economía del país según el orden mundial neoliberal ha arruinado a la agricultura y a los campesinos mexicanos, y ha subordinado al país al modelo agroalimentario global, promovido principalmente por Estados Unidos y sus corporaciones. Este modelo es de naturaleza intencionadamente anticampesina y antiagraria, pero también antiurbana. Está diseñado para 1) encarrilar la descampesinización y el desmantelamiento de las culturas campesinas milenarias, como las que existen en México (y también en África, Asia y América Latina), 2); la concentración de pequeñas parcelas en agroindustrias de gran escala, principalmente de capital trasnacional, y 3) la importación de alimentos a corporaciones estadounidenses y de otros países del Norte que concentran la producción mundial de alimentos.

La imposición de este modelo ha llevado al país a “la mayor crisis social y alimentaria desde tiempos de la Revolución mexicana de 1910”. La importación de alimentos es atroz: “En los últimos 15 años, México incrementó 400 por ciento las importaciones de alimentos, para lo cual se erogaron alrededor de 180 mil millones de dólares”. El proyecto de nación advierte que de continuar el modelo agropecuario neoliberal, el país será “puesto de rodillas” ante corporaciones y países concentradores de alimentos, a cambio de provisiones cada vez más caras y escasas. Y anticipa, de acuerdo con muchos analistas, que los precios de los alimentos se incrementarán aún más en los próximos años debido al cambio climático, la crisis energética y el incremento del uso de maíz y de otros cultivos en comida para ganado y para producir combustibles.

El proyecto de MORENA señala que la renuncia de los gobiernos neoliberales a la “seguridad alimentaria basada en autoproducción y en reservas estratégicas propias”, y la consiguiente dependencia en la importación de alimentos, así como el fomento de la mercantilización y privatización de la tierra y de los bienes comunes (con la contrarreforma al 27 constitucional y otras leyes, y por medio de programas como el de Certificación de Derechos Ejidales y Solares Urbanos, Procede, y otros) han propagado la destrucción de la cultura, de los modos de producción y consumo campesinos e indígenas, así como de los ecosistemas; han causado la ruina y el empobrecimiento de los campesinos (indígenas y mestizos), y han obligado a muchos de ellos a abandonar el campo y a desplazarse a las ciudades del país y algunas en el extranjero buscando empleo. En suma, la violencia del capitalismo neoliberal defendido por los gobiernos neoliberales PRI-PAN, mediante el uso del poder del Estado, ha intensifi cado la desigualdad, la exclusión, la descampesinización, la destrucción de trabajo y de los vínculos sociales, comunitarios y familiares.

El proyecto alternativo de MORENA plantea que para salir de la violenta crisis social, laboral, ambiental y alimentaria es indispensable cambiar radicalmente “la ruta antiagraria, anticampesina y antinacional impuesta por los gobiernos neoliberales”. Plantea como punto de partida recuperar la soberanía y seguridad alimentarias. Entiende por soberanía alimentaria “el derecho de los pueblos a defi nir sus propias políticas y estrategias de producción, distribución y consumo de bienes básicos; pero también como derecho a un trabajo y un ingreso que nos permitan acceder con dignidad a una alimentación adecuada y suficiente”.

Sostiene que la “alternativa local, nacional y global” a la crisis energético-alimentaria mundial “es la pequeña y mediana producción familiar o colectiva, operando en un marco institucional que, en vez de inhibirlas o suplantarlas, potencie sus virtudes sociales, ambientales y económicas”. En México, afi rma el proyecto de MORENA, “el derecho a la alimentación sólo se garantiza fomentando la agricultura destinada al mercado interno y, en particular, respetando y promoviendo los modos campesinos e indígenas de producción agropecuario, forestal, pesquera, artesanal, así como sus sistemas de comercialización y de gestión de los espacios rurales”.

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Pero hay otras razones por las que el proyecto de MORENA considera a estos sectores (campesinos indígenas y mestizos) fundamentales para la regeneración del campo y el rescate de la soberanía alimentaria, porque: 1) desempeñan múltiples funciones (alimentaria; laboral; ambiental; cultural, y de manejo de los bienes comunes, de la biodiversidad y patrimonios colectivos), lo que los hace socialmente prioritarios, y 2) “pueden ser mucho más efi cientes que los empresarios en la generación de empleo e ingresos dignos; en la producción de comida y seguridad alimentaria, y en la preservación y reproducción de los recursos naturales y la biodiversidad.”

Para regenerar el México rural y urbano, el proyecto de MORENA planta que es fundamental establecer un nuevo pacto entre el campo y la ciudad. Un pacto basado en el reconocimiento y la retribución justa a las múltiples y vitales funciones económicas, sociales, ambientales, laborales, culturales e identitarias del campo y de los campesinos indígenas y mestizos. Se trata de revalorarlo “como sector viable de la producción, pero también como garante de la autosufi ciencia alimentaria y la seguridad laboral, como base de la socialidad solidaria e incluyente; como sustento de los recursos naturales y la biodiversidad”.

El proyecto propone como compromisos: 1) Reactivar el mercado interno e integrar las cadenas productivas mediante el fomento a “la pequeña y mediana producción campesina y las agroindustrias y comercializadoras asociativas”. 3) Recuperar la soberanía alimentaria, por medio de la promoción de “la producción campesina de granos y otros básicos” destinada al mercado interno. 4) Restablecer la seguridad y la soberanía laborales, mediante, por un lado, la promoción de la agricultura campesina, una “agricultura doméstica y asociativa intensiva en trabajo”, y, por otro, el impulso de una economía “comprometida con la creación de empleo y con la distribución más justa del ingreso”. Ello comprende la defensa de “los derechos del trabajo rural y en particular de los trabajadores migratorios y jornaleros”. Reitera que garantizar un empleo digno y bien remunerado en México es condición para frenar la desruralización y el masivo “éxodo rural”. Se trata de devolver a los campesinos, y en particular a los jóvenes, “la confi anza en un futuro digno”. 5) Contrarrestar la crisis ambiental, impulsando la restauración de la naturaleza y la diversidad biológica del país y “una producción campesina amigable con la naturaleza”. Ello comprende el rechazo a la privatización del agua, de los códigos genéticos, de la biodiversidad y de los conocimientos comunitarios, así como a la introducción y el uso de organismos genéticamente modifi cados (transgénicos). El compromiso es con la preservación, restauración y defensa de los derechos colectivos de las comunidades indígenas y rurales a su patrimonio y al usufructo de sus recursos genéticos y biodiversidad. 6) Reconocer las aportaciones y los derechos de las mujeres: reproductivos, económicos, laborales, sociales, políticos, agrarios, culturales, en la conservación de las semillas y los saberes agrícolas.

Para avanzar hacia tales propósitos, el proyecto propone un conjunto de acciones estratégicas: 1) cambios constitucionales y legales, como la reforma al articulo 27 constitucional, “a efecto de garantizar y fortalecer la propiedad social de la tierra y los recursos territoriales de pueblos indios y ejidos y comunidades”, esto es “el derecho al usufructo sostenible de recursos naturales y el reconocimiento de sus territorios”; 2) reformas legales que restablezcan el “papel rector del Estado en la estabilización de los mercados agroalimentarios”; 3) el establecimiento de programas estatales especiales para el fomento a la producción campesina y sustentable y para la creación de empleos rurales, mediante inversiones públicas estratégicas y otros mecanismos; 4) la renegociación del capítulo agropecuario del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y de los acuerdos sobre agricultura y propiedad intelectual de la Organización Mundial de Comercio; 5) la democratización del medio rural mediante el combate al clientelismo y el corporativismo, el caciquismo y la represión; y, al mismo tiempo, el impulso de nuevas formas de convivencia y socialidad democrática y participativa en el México rural, a través del apoyo y fomento al “asociacionismo autónomo y autogestivo, productivo y social”, y del reconocimiento de “los derechos autonómicos de los pueblos indígenas”.