16 de julio de 2011     Número 46

Directora General: CARMEN LIRA SAADE
Director Fundador: CARLOS PAYAN VELVER
Suplemento Informativo de La Jornada

Miseria en el agro colombiano


FOTO: Maritza Sánchez Hernández

Santiago Perry

En las áreas rurales colombianas viven 11.8 millones de personas, el 26 por ciento de la población nacional. De ellos, 7.3 millones sufre pobreza y 2.5 millones pobreza extrema. De esta manera, casi dos terceras partes de los moradores rurales son pobres y más de la tercera parte se halla en la indigencia. Distintos estudios concluyen que en Colombia, como en el resto de Latinoamérica, “la pobreza tiene un marcado carácter rural”, pero en este país, además, la mayoría de las tensiones sociales se expresan de forma más aguda en las áreas rurales, que son el escenario principal del conflicto que sufre Colombia y la cantera fundamental de la que provienen millones de desplazados.

El problema de la concentración de la propiedad territorial y del escaso acceso de la mayoría de los habitantes rurales a este y otros factores productivos continúa vigente en la Colombia del siglo XXI. La mayoría de las mejores tierras del país se encuentra en pocas manos, y la mayoría de los moradores rurales no tienen acceso a tierras de buena calidad. Más aún: todavía una significativa cantidad de las mejores tierras del país –planas, con agua y con infraestructura– continúan utilizadas en una ganadería poco tecnificada y poco productiva, mientras que millares de minifundistas se ubican en tierras de ladera a las que deben sobreexplotar.

Según la información más reciente, en 2009 los propietarios mayores de 200 hectáreas eran el 3.8 por ciento del total y usufructuaban el 41.1 por ciento del área catastral del país, mientras 39.3 por ciento de los propietarios, con predios menores de tres hectáreas, poseían únicamente el 3.7 por ciento de la misma. Según datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), en una muestra de 70 países Colombia tenía el lugar 11 en el coeficiente Gini más alto en esta materia.

El problema de la concentración de la tierra parece haberse agudizado en años recientes, en razón del conflicto que asola a las zonas rurales colombianas. Diversos estudios coinciden en destacar el vínculo entre el conflicto, el desplazamiento y la concentración de la propiedad territorial. La más reciente y completa encuesta que se ha hecho sobre desplazamiento forzoso confirma que nos enfrentamos a un drama de enorme magnitud: entre 1980 y julio de 2010, 434 mil cien familias se vieron obligadas a abandonar, vender o entregar a terceros forzosamente 6.6 millones de hectáreas.

Sin lugar a dudas, el acceso a la tierra no basta para que los pobres rurales puedan superar su actual condición y se encaminen hacia el progreso y el mejoramiento de su calidad de vida. Se requiere, asimismo, que cuenten con actividades económicas factibles y rentables que les permitan aprovechar el potencial de sus factores de producción y su capacidad de trabajo y de generar riqueza.

Empero, esta no es una tarea fácil. Los casos de proyectos productivos y/o de generación de ingresos de comunidades rurales pobres y de emprendimientos empresariales exitosos son relativamente escasos. La política gubernamental en esta materia ha tenido numerosos fracasos, pues se ha basado en subsidios puntuales y compartimentados, que no toman en cuenta la complejidad de los procesos de desarrollo rural –en especial sus aspectos sociales–, ni la necesidad de fortalecer el desarrollo del capital humano y social, ni la importancia de contar con una visión y un horizonte de mediano y largo plazos.

En síntesis, la pobreza rural en Colombia continúa siendo un problema de considerable magnitud y la acción gubernamental en la materia no ha tenido un significativo impacto para reducirla.

Numerosos son los factores que inciden en la situación descrita, y la lucha contra la pobreza y por el desarrollo de las comunidades rurales es un tema complejo. Sin lugar a dudas, el insuficiente y precario acceso a la tierra y a los otros factores productivos es uno de los determinantes claves de esta situación, al igual que la falta de estrategias y de políticas adecuadas para apoyar los esfuerzos de desarrollo socioeconómico y de generación de ingresos de las comunidades rurales pobres. Las singulares carencias de infraestructura que se viven en los campos colombianos, en especial en las zonas periféricas, agravan la situación de los pobres rurales y entorpecen sus esfuerzos de mejoramiento económico. La escasa cobertura y la deficiente calidad de los servicios públicos, educativos y de seguridad social en las zonas rurales refuerzan las dificultades de la población pobre para superar su difícil situación. Y las deficiencias institucionales limitan la efectividad de la acción del Estado en la materia.

El Grupo de Diálogo Rural (GDR) en Colombia, tras analizar esta problemática y teniendo en cuenta que existen numerosos esfuerzos y equipos de trabajo centrados en el vital tema de la propiedad territorial, decidió concentrar sus esfuerzos en dos tópicos fundamentales en los que consideró que puede hacer un aporte significativo: la estrategia de desarrollo socioeconómico y generación de ingresos que se debe impulsar y el tipo y las características de la institucionalidad que se debe construir para hacer frente a este complejo y multidimensional problema. Para este efecto, creó dos subgrupos de trabajo, que combinan la mirada global, o macro, de estos problemas, con la mirada micro de analizar experiencias exitosas de desarrollo de comunidades rurales pobres y de construcción de estrategias institucionales locales que las apoyan. Sin lugar a dudas el estudio de casos internacionales interesantes en estas áreas complementará el trabajo de los subgrupos y facilitará que puedan definir y proponer estrategias novedosas que contribuyan a la superación de la pobreza y al desarrollo de las comunidades rurales colombianas.

Secretario Técnico del GDR Colombia, del Proyecto Conocimiento y Cambio en Pobreza Rural y Desarrollo

Desafíos de la pobreza rural en el salvador

Nelson Cuéllar

El Salvador, país centroamericano con casi seis millones de habitantes, se transformó profundamente durante las tres décadas pasadas. La economía, que se sustentaba en las divisas generadas por la agro-exportación, ahora depende fundamentalmente de las remesas; se acentuaron los patrones de asentamiento de la población en el territorio y se aceleraron los procesos de urbanización como resultado del colapso de los medios de vida rurales y del auge de la economía urbana vinculada con el comercio y los servicios.

Según el Informe de desarrollo humano del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) de 2010, seis de cada diez personas que trabajan en la agricultura salvadoreña son pobres y una de cada cuatro vive en pobreza extrema. Estos datos no son casuales, si se considera que durante las décadas recientes el marco de política tuvo un sesgo anti-agrícola y anti-agrario, llegando incluso a promover la urbanización en las zonas rurales. Por ello no sorprende que los problemas de la producción agropecuaria, junto a los viejos desafíos de superación de la pobreza rural, persistan, aunque ahora en un contexto totalmente distinto del que prevalecía hace apenas unos cuantos años.

En efecto, durante las dos décadas pasadas, el proceso de transformación económica se dio paralelamente a una situación generalizada de crisis en el agro salvadoreño. Aunque los desafíos de desarrollo para las zonas rurales, la crisis de la agricultura y la pobreza rural aparecen ahora con un peso más relevante en la agenda del país, el contexto actual ha replanteado los desafíos de desarrollo en los territorios rurales, pues reactivar el agro y superar la pobreza rural es algo que no puede siquiera pensarse en El Salvador a menos que se enfrenten decididamente las nuevas condiciones marcadas por la crisis y por el cambio climático.

En este marco, las políticas públicas no sólo requieren de una mayor voluntad política, sino también la construcción social de un nuevo modelo que incorpore estratégicamente los territorios rurales. Esto constituye un elemento vías de elaboración en el país, pues a pesar de haberse introducido planes, programas y políticas orientadas hacia las zonas rurales y para combatir la pobreza rural, todavía se debaten los pilares y las orientaciones de un nuevo modelo de desarrollo y una nueva institucionalidad para promoverlo e implementarlo.

En este proceso de construcción, resaltan diversas visiones e imaginarios para orientar las políticas públicas, los programas e inversiones en los territorios rurales. Por un lado, se promueve la necesidad de modernizar la agricultura salvadoreña, aprovechando incluso los mercados emergentes vinculados con los agrocombustibles, el turismo y los servicios logísticos. Por su parte, organizaciones campesinas y sectores cooperativos aún reivindican los históricos problemas vinculados con la falta de crédito, el acceso a mercados y la inseguridad en la tenencia de la tierra, entre otros.

El Salvador también enfrenta problemas ambientales críticos magnificados por los impactos del cambio climático. En ausencia de masas forestales importantes, a diferencia del resto de países de Mesoamérica, los impactos del cambio climático evidencian aún más la importancia de transformar el agro salvadoreño, no sólo para enfrentar los problemas de seguridad alimentaria y de pobreza rural, sino también para contribuir estratégicamente a la reducción de riesgos y vulnerabilidad, así como a la adaptación de las comunidades rurales pobres al cambio climático.

La pobreza rural, la crisis económica y alimentaria, así como los crecientes impactos del cambio climático exigen replantear estratégicamente los marcos de política, los programas y las inversiones de manera que se avance simultáneamente en la creación de mejores condiciones productivas, sociales y ambientales para la superación de la pobreza y el desarrollo en las zonas rurales, donde también existen visiones e intereses en conflicto, tanto a nivel nacional, como territorial, todo lo cual requiere promover la construcción de estrategias compartidas para el desarrollo del país en general y de los territorios rurales en particular.

En síntesis, El Salvador enfrenta el desafío y la oportunidad de construir una apuesta estratégica compartida que replantee el rol estratégico de los territorios y de los actores rurales en el país, lo cual supone institucionalizar procesos genuinos de diálogo entre diversos actores, tanto en la definición de políticas, programas e inversiones, como en la promoción de nuevas institucionalidades nacionales y territoriales que mejoren la gobernanza ambiental-territorial. Compromisos decididos de parte de los diferentes actores, así como un fuerte liderazgo son fundamentales en esta etapa del país. En ese contexto el Grupo Diálogo Rural en El Salvador apoya y promueve este proceso, enfatizando vinculaciones con tomadores de decisiones y con actores en los territorios.

Secretario técnico del GDR de El Salvador, del Proyecto Conocimiento y Cambio en Pobreza Rural y Desarrollo