Estudiantes chilenos de licencitura y posgrado se manifestaron ayer a las afueras de la embajada de su país en México en demanda de una reforma educativa integral en aquel país; de un cambio constitucional que garantice el derecho a una educación gratuita y de calidad y que termine con el lucro que la caracteriza.

Cecilia Millán, estudiante de doctorado en antropología en la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) Iztapalapa, sostuvo en entrevista que en Chile la educación no es un derecho, sino un negocio y añadió que pese a ser la más cara a nivel mundial, no es de calidad, es de vergüenza.

Detalló que los estudiantes universitarios que no pueden pagar su educación deben acceder a préstamos que son impagables, debido a los altos intereses que se cobran.

Narró que este esquema se heredó del gobierno pinochetista, pero que se perfeccionó durante las siguientes administraciones, pero en perjuicio de los estudiantes, pues mientras los créditos antes se adquirían con las universidades, ahora la deuda es con los bancos.

Antes existía el crédito universitario, ahora la modalidad es distinta: te endeudas con la banca, no con la universidad, y el interés que pagas es 180 por ciento más de lo que cuesta la carrera. Antes del gobierno militar, la educación era gratuita; también hubo un periodo con arancel diferenciado. En los años 80 se empezó a privatizar la educación.

Cargando pancartas y carteles que decían: Mientras México nos da becas para estudiar, Chile nos ofrece créditos para pagar y La educación no es una mercancía, los inconformes insistieron en la defensa de una educación pública, gratuita y de calidad, y que se ponga fin al lucro en la educación superior, lo que ha enriquecido a empresarios, pero no ha contribuido a mejorar la educación.

La manifestación se realizó como parte de una jornada de movilización ocurrida ayer en Chile y ante sus representaciones diplomáticas en el extranjero. En el país andino la mayor parte del gasto en la universidad lo asumen las familias chilenas y por cada peso que aporta el Estado, la familia del universitario aporta 5 pesos, mientras que en Estados Unidos, por cada dólar que aporta el gobierno, las familias aportan dos.