El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh), la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan y la Asociación de Familiares de Detenidos y Desaparecidos (Afadem) exigieron que este viernes la Procuraduría General de la República (PGR) solicite a la Procuraduría General de Justicia Militar que le entregue todas las investigaciones, averiguaciones y procesos que tenga en curso sobre violaciones a derechos humanos cometidas por militares.

Asimismo, en conferencia de prensa, las organizaciones no gubernamentales demandaron que el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Raúl Plascencia Villanueva, se pronuncie públicamente sobre la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) con respecto a la restricción al fuero militar, e instaron al ombudsman a que a partir de hoy ya no envíe ninguna recomendación a la Procuraduría de Justicia Militar por violaciones cometidas por militares, sino que las remita a la PGR.

Por otra parte, en entrevista, el presidente del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, Miguel Concha, manifestó que la resolución de la SCJN es un nuevo paradigma en la administración de justicia en el país. Es un triunfo de la sociedad. Por su lado, el obispo de Saltillo, Raúl Vera, expresó que esta resolución obliga a los jueces a aplicar los tratados internacionales en materia de derechos humanos en los casos de violaciones que cometen militares en contra de ciudadanos.

A su vez, Juan Carlos Gutiérrez, director de la CMDPDH, destacó que la resolución de la SCJN es un gran paso y explicó que el fuero militar sólo es para la disciplina castrense; ahora todas las autoridades están obligadas a cumplir la interpretación que dio la Corte en esa materia.

Por su parte, Santiago Aguirre, abogado del Centro Tlachinollan, resaltó que la decisión histórica de la Suprema Corte debe tener repercusiones en los casos de las mujeres indígenas violadas Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú.

Julio Mata, secretario ejecutivo de Afadem, resaltó que la resolución del máximo tribunal es un paso más en la lucha por la justicia. “Sabemos que no se dará en automático el derecho a la justicia y la verdad. Tenemos más de 600 casos de desaparecidos de la guerra sucia”.

A la pregunta sobre cuántos casos de militares en proceso o en investigación por violaciones a derechos humanos podrían pasar a la Procuraduría General de la República, Jaqueline Sáenz, abogada del Centro Prodh, dijo que al menos con información de la propia Secretaría de la Defensa Nacional serán 216 expedientes; de ese total hay 159 militares sujetos a investigación, 57 en proceso y otros.