El Gobierno del Distrito Federal (GDF) interpuso ante el Tribunal Colegiado en Materia Administrativa un recurso de revisión en contra del amparo otorgado a ejidatarios de Tláhuac contra la expropiación de 2 mil 200 metros cuadrados, para la construcción de la línea 12 del Metro, mismo que esperamos revoque, como sucedió ayer en el caso de Jovita Santa Ortiz.

La Consejería Jurídica y de Servicios Legales del gobierno de la ciudad informó que el primer Tribunal Colegiado revocó el amparo concedido a Santa Ortiz y una empresa comercializadora, quienes argumentaban que no se les concedió la garantía de audiencia, con lo cual se establece un criterio definitivo y no existe ninguna obligatoriedad de parar las obras.

Las resoluciones de los jueces de distrito son susceptibles de revisión en un tribunal colegiado, por lo que no se configuraría un delito de abuso de autoridad, precisaron fuentes de esa instancia del gobierno capitalino, quienes mencionaron que, luego de ser notificados, el 28 de junio pasado, del amparo otorgado por el juzgado segundo de distrito en materia administrativa al señor Roberto Torres Leyte, se presentó el recurso de revisión.

De esta manera, los trabajos de construcción de la línea continúan y no estamos obligados a devolver las tierras y reponer el proceso de negociación para adquirirlas, como señalan los ejidatarios hasta en tanto el colegiado resuelva de manera definitiva, al no existir otra instancia a la cual recurrir, dijeron.

Por la mañana, en conferencia de prensa, Gabriel Reyes, representante de los ejidatarios, informó que habían ganado uno de los seis recursos de amparo que se interpusieron contra la expropiación de terrenos, el cual obligaba a las autoridades capitalinas a parar las obras, regresar al demandante 2 mil 200 metros y reponer el proceso de adquisición.

Acompañado por los ejidatarios Roberto Torres Leyte, Félix Méndez y Víctor Chirinos, así como por el abogado Ricardo Cuenca, aclaró que no somos mercenarios ni hicimos una lucha legal para luego vendernos más caros, lo que hemos buscado es que se respete la ley y castigue a los responsables de las agresiones y abusos de los que hemos sido víctimas durante cuatro años, pues nuestro principal interés es que el Metro conviva en armonía con la reserva ecológica.

Por ello exigieron que se actúe contra Ingenieros Civiles Asociados (ICA), que construye la línea 12 y se apoderó de 15 hectáreas de los predios de Tesonsitla, Almayetla y Zenzontlalpan; y rellena de manera ilegal la laguna Tabla Liconsa, que son propiedades de los ejidatarios, para construir ballenas para el Metro y el segundo piso de Periférico, lo cual ha derivado en una reducción en el suministro de agua potable.

Hoy, dijo, se nos dota menos de 12 horas al día, lo cual muestra la gravedad del problema que vivimos y se generalizará en la ciudad, porque somos una zona de recarga y distribución en el oriente.