Una vez más, la falta de quórum impidió a la junta directiva de la Comisión de Gobernación de San Lázaro convocar a una reunión plenaria en la cual se apruebe integrar una subcomisión que redacte el proyecto de dictamen de reforma a la Ley de Seguridad Nacional.

Seis de los 12 integrantes de la junta no se presentaron ayer, entre ellos el diputado Enrique Ibarra Pedroza (PT), quien el lunes argumentó que ese día no podía nombrarse la subcomisión porque hace dos semanas tampoco se logró el quórum y sólo cuatro legisladores acordaron constituir dicho grupo de trabajo. Aunque estaba en sus oficinas, Ibarra no llegó al salón de protocolo, donde lo esperaron más de una hora.

La cita para la sesión era a las cuatro de la tarde; después de las cinco, el presidente de la comisión, Javier Corral Jurado, dijo que faltaba la mitad de los miembros. Es decir, nos faltó un diputado más para poder sesionar válidamente. No están Gregorio Hurtado Leija, Gastón Luken y Jesús Rangel, del PAN; Francisco Ramos Montaño y Raúl Domínguez Rex, del PRI, ni Enrique Ibarra Pedroza, que fue quien nos solicitó que repusiéramos el procedimiento en términos del reglamento.

En entrevista, Corral Jurado expresó su satisfacción con el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que otorga a los juzgados ordinarios la posibilidad de iniciar procesos contra militares que hayan cometido violaciones a las garantías individuales.

Explicó que si bien se trata de un criterio orientador para los jueces, la Cámara de Diputados está obligada a reformar el artículo 57 del Código de Justicia Militar para normar el criterio de los ministros, pero también para que quede explícito en la Ley de Seguridad Nacional que esa comisión discute.

“Debe quedar claro que la participación de las fuerzas armadas en una declaratoria de afectación a la seguridad interior debe operar con el mismo criterio. Ya viene en la minuta del Senado, sólo que la redacción se prestaba a interpretación de que los ‘tribunales competentes’ eran los de la justicia militar”, afirmó.