A propuesta del Partido de la Revolución Democrática (PRD), la Comisión Permanente del Congreso de la Unión demandó al Consejo de la Judicatura Federal (CJF) que se coordine con las autoridades hacendarias y bancarias, a fin de revisar la situación patrimonial de jueces, magistrados y en general todos los integrantes del Poder Judicial, para detectar sobornos y otros actos de corrupción.

En respuesta a ese exhorto el CJF señaló que las acciones que ha implementado van más allá de las sugerencias emitidas por los legisladores.

Durante la sesión de la Permanente, el senador Pablo Gómez (PRD) advirtió en tribuna que la exigencia se presenta por los escándalos por enriquecimiento inexplicable de integrantes del Poder Judicial que han estallado en las semanas recientes en un mismo juzgado, el noveno de distrito en materia administrativa, donde el secretario, Esiquio Martínez Fernández, resultó con cuentas bancarias por casi 433 millones de pesos.

Además que el titular, el juez Álvaro Tovilla, fue señalado pocos días después como una persona también con cuentas millonarias. Se trata, dijo Gómez, de quien participó en el tinglado que concluyó en el desafuero del entonces jefe de Gobierno del Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador.

Ese escándalo obliga a combatir el enriquecimiento ilícito y otros posibles delitos de miembros del Poder Judicial de la Federación (PJF). Sobre todo, dijo, porque las respuestas a señalamientos sobre la inconsistencias de muchos juzgadores son normalmente de rechazo. Agregó que es prácticamente imposible obtener información sobre los recursos de los juzgadores, porque existe el secreto bancario.

De ahí la importancia del llamado de la Permanente a que el CJF en coordinación con la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores revise la situación patrimonial de los integrantes del PJF, evalúe el desempeño de los órganos judiciales y fortalezca la transparencia, a fin de combatir posibles actos de corrupción.

La Permanente solicitó además a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y al CJF realizar un diagnóstico de la justicia en México, que permita evaluar el desempeño de las instituciones, combatir la corrupción y responder a las demandas de los ciudadanos.

En su respuesta, el CJF refirió que “ha implementado medidas más rigurosas para la fiscalización del patrimonio de los funcionarios del PJF, a fin de dar seguimiento puntual a la situación financiera de todos los servidores públicos que forman parte de la institución, así como de los juzgados y tribunales federales del país, a fin de prevenir y detectar conductas irregulares.

Las acciones adoptadas rebasan, incluso, el contenido del exhorto que aprobó la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, en la sesión de hoy (miércoles), con relación a los mecanismos de supervisión de los integrantes del Poder Judicial.

Si bien los exhortos de los legisladores no tienen ningún efecto vinculatorio, el CJF se muestra abierto a explicar las actividades que desarrolla en la materia por ser de interés de la sociedad el que se conozca, de manera transparente, cómo opera la institución en este rubro.

En ese contexto refirió que desde el 19 de enero de este año emitió el acuerdo general 10/2011, aprobado por el pleno del Consejo, en el cual se establecieron medidas con base en las cuales se busca prevenir, detectar y denunciar a tiempo conductas irregulares de funcionarios del PJF.

La finalidad es garantizar que los servidores públicos del PJF cuenten con una situación financiera que corresponda al nivel de sus ingresos y detectar cualquier evidencia o indicio de un enriquecimiento ilícito o de ingresos cuyo origen no puedan comprobar.

En caso de detectar casos de corrupción, dijo, dará vista al Ministerio Público, como ocurrió con Esiquio Martínez, quien enfrenta un proceso penal por haber realizado movimientos financieros en una sola de sus cuentas bancarios por más de 400 millones de pesos, y el juez Álvaro Tovilla, que se encuentra suspendido.