omo si fuera novedad, desde la Cámara de Diputados se denuncian presuntas irregularidades y actos de corrupción en el manejo del multimillonario presupuesto público destinado, supuestamente, a los actos conmemorativos del centenario y el bicentenario. Concretamente, la Comisión de la Función Pública de dicho órgano colegiado presume documentación probatoria de tales prácticas en el caso de la denominada Estela de Luz, en las que estarían involucrados algunos personajes de la Secretaría de Educación Pública, la empresa I.I.I. Servicios, filial de Pemex, y del corporativo Gutsa, distinguidísimo cliente VIP del Fobaproa (entre tantas otras gracias).

¡Qué escándalo!, dirán algunos, porque no sólo han incumplido descaradamente los tiempos de entrega de la obra (clásico en el caso de Gutsa), sino que inexplicablemente triplicaron el presupuesto original y lo ordeñaron hasta el agotamiento. Pero el escándalo real es que nadie ha movido un dedo para transparentar el abultadísimo uso de recursos públicos, cuyos malos manejos se vienen denunciando desde prácticamente el comienzo de las obras conmemorativas. Lo que ahora se presenta casi casi como novedad, de tiempo atrás ha sido documentado por la Auditoría Superior de la Federación, y la única respuesta ha sido el silencio.

Si bien el personaje más famoso del jolgorio celebratorio fue el denominado Coloso del Bicentenario (aquel esperpento millonario que terminó arrumbado en quién sabe dónde), lo cierto es que injustificadamente se gastaron multimillonarias sumas en pleno año de la crisis. Entre tales erogaciones pantagruélicas se cuentan las destinadas a la Estela de Luz del Bicentenario, que, dos años después, no trasciende la etapa de cimentación, con Gutsa como responsable de la obra (el mismo retraso, con todo tipo de anomalías, registró este consorcio en la Autopista del Sol y en Playa del Carmen, por citar dos botones) y el inefable Juan Diego Gutiérrez Cortina al frente de la tienda. Y a su lado, la filial de Pemex III Servicios.

Pero como advierte la ASF hay otros involucrados en el jolgorio conmemorativo: se detectaron un cúmulo de irregularidades cuya responsabilidad es atribuible en términos generales, y respecto de la muestra auditada, a la Secretaría de la Función Pública, al Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México y al Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, porque no cumplieron con las disposiciones normativas aplicables a la gestión financiera del Fideicomiso del Bicentenario… Entre tales anomalías se cuentan las siguientes: desde 2008 (dos años antes de los festejos) se detectaron diversas irregularidades en la operación del citado fideicomiso, además de que existió inobservancia de la ley en los procesos de adjudicación y de subcontratación, y se formalizaron contratos sin definir características específicas de los bienes o servicios, por lo cual se consideró necesario realizar una auditoría”.

Por si fuera poco, otra entidad pública que tiene la mano metida hasta el fondo es Turissste (¡Elba, allí te hablan!). Al respecto, la ASF precisa: se constató que antes de contratar a la empresa que realizaría la construcción del Monumento Bicentenario Estela de Luz (Arco del Bicentenario), se erogaron recursos por 31 millones 205 mil 200 pesos, por diversos conceptos que se consideran innecesarios y que no se ajustaron a los criterios de economía, racionalidad y austeridad. Qué bueno que Felipe Calderón aclara que el pacto con la maestra no fue una licencia ni carta de impunidad para saquear las arcas del Issste.

El organismo mencionado participó activamente en el reparto del pastel bicentenario. Así, de acuerdo con la ASF, se confirmó que para cumplir con las obligaciones contraídas Turissste subcontrató el 100 por ciento de los servicios con otras empresas; además, en nueve de los 11 contratos se observó que antes de la aprobación por parte del comité técnico del fideicomiso, ya se tenía contemplada la contratación por medio de esa entidad y ésta, a su vez, con las referidas empresas. Por los montos de cada contrato debieron realizarse licitaciones públicas y en un caso invitación a cuando menos tres personas, por lo que se considera que las contrataciones con Turissste se realizaron para eludir los procedimientos de contratación establecidos por la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, sin que se aseguraran al Estado las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes.

Por lo que toca a la filial de Pemex I.I.I. Servicios, el contrato para la construcción del Arco del Bicentenario (Estela de Luz), se suscribió el 18 de diciembre de 2009, y en él se estableció que la conclusión de la obra (incluida la corrección de posibles deficiencias) sería el 14 de septiembre de 2010, por representar el monumento emblemático de la Conmemoración del Bicentenario del Inicio de la Independencia Nacional. No obstante, se constató que a noviembre de 2010, el citado monumento no se concluyó por problemas técnicos y de seguridad supervenientes que influyeron en el retraso de la obra, los cuales debieron estar previstos desde la elaboración del proyecto.

Todo lo anterior motivó que la Auditoría Superior de la Federación recomendara a la Secretaría de la Función Pública que realizara “las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión, antes de contratar a la empresa que realizaría la construcción del Monumento Bicentenario Estela de Luz (Arco del Bicentenario), autorizaron y llevaron a cabo erogaciones (…) innecesarias y que no se ajustaron a los criterios de economía, racionalidad y austeridad, tales como presentación pública de la convocatoria para realizar el proyecto, presentación de los proyectos y colocación de la primera piedra y otros gastos relacionados con dichos eventos”.

La documentación del caso y las consecuentes denuncias se dieron en 2009, 2010 y principios de 2011, y nadie se dio por enterado, de tal suerte que nada raro sería que el caso ahora presentado por la Comisión de la Función Pública de la Cámara de Diputados termine por arreglarse en lo oscurito.

Las rebanadas del pastel

Y ahora con ustedes, Santiago Fox Miranda: segunda vez al ruedo, pero ahora sin permisos de casas de juego que repartir (a Televisa, por ejemplo), quien pide romper con la vieja práctica de servirse del puesto para que el dinero no sea el aceite que mueva la maquinaria del poder. Ante todo, cara dura.

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