La Secretaría de la Reforma Agraria ofrecerá a los comuneros de Santa María y San Miguel Chimalapas, Oaxaca, una indemnización para terminar con el conflicto agrario que tienen los indígenas zoques con ejidatarios de Chiapas, aseveró el subsecretario de Ordenamiento Territorial, Tomás Ríos Bernal.

Puntualizó que no se trata de una compra de tierra, sino de una contraprestación que ofrece la SRA para concluir con un conflicto que tiene 60 años. Hasta el momento no hay una cifra definida, pero puede estar entre los 50 y 120 millones de pesos, pero eso depende de la aceptación de los comuneros.

En caso de que los pobladores de Santa María y San Miguel no aceptaran la indemnización propuesta por la SRA para resolver el problema, el caso regresaría a los tribunales. En los próximos meses restableceremos las pláticas; creo que habiendo tanta tierra en esa región se puede aceptar a los núcleos agrarios que tienen 60 años de existencia; veo muy difícil que salgan, pues tienen escuelas, iglesias y su vida productiva. Santa María quiere que ellos se anexen a la comunidad y los otros quieren que se les reconozca como ejidos. Ellos tienen la solución, nosotros sólo actuamos como coadyuvantes.

En breve entrevista antes de la inauguración del Taller de capacitación a responsables de los centros integrales de servicios del Registro Agrario Nacional, dijo que de 30 asentamientos en conflicto, sólo quedan nueve por atenderse. Ya se resolvió la parte de La Gringa y de la colonia Cuauhtémoc. “En los pasados dos años y medio se ha trabajado con los comuneros de Santa María y San Miguel Chimalapas, y con los gobiernos de Chiapas y Oaxaca en las mesas agraria y social para ofrecer beneficios a las partes en conflicto.

Los núcleos agrarios ya dieron su anuencia para empezar los deslindes y eso es un paso. A los comuneros de Santa María les hemos dicho que aceptar la certificación agraria les traerá beneficios, como acceder a diversos programas gubernamentales, de los cuales están marginados por no tener los documentos requeridos.

A los integrantes de la mesa social –secretarías de Comunicaciones y Transportes, Desarrollo Social, Agricultura, Comisión Federal de Electricidad y Comisión Nacional para el Desarrollo de Pueblos Indígenas– los hemos convocado para que traten de que las concentraciones urbanas no se dispersen. Indígenas y ejidatarios demandan servicios y sostienen que es obligación del gobierno otorgarlos, no lo negamos, pero es más difícil si los poblados tienen pocas familias.

“Los gobiernos de los estados ponen de su parte para abrir carreteras y escuelas; los servicios se dan sin condicionamiento. A los comuneros les hemos insistido en que puede haber muchos beneficios si se certifican, pues así dejarán de ser carne de cañón para algunos interesados en jalar dinero sin beneficio para la población.”