La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) procederá hoy a dar la decisión que establecerá que todos los jueces del país, sin excepción, estarán obligados a verificar si las leyes que aplican se ajustan a la Constitución y a los tratados internacionales en materia de derechos humanos.

Antes de esta discusión, la Corte había sostenido que únicamente algunos jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial de la Federación (PJF) podían ejercer este tipo de controles, vedados para los juzgados y tribunales estatales.

Durante la sesión de este lunes, siete ministros se pronunciaron por revocar este criterio, conocido como control de convencionalidad, al discutir la sentencia contra el Estado mexicano dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en el caso de la desaparición de Rosendo Radilla, ocurrida en Guerrero, en 1974.

La sentencia ordena a los órganos jurisdiccionales mexicanos, sin hacer distinción entre jueces federales y locales, ejercer un control de convencionalidad ex officio entre las normas internas y la Convención Americana de Derechos Humanos, para garantizar que las disposiciones de ese tratado internacional no se vean mermadas “por la aplicación de leyes contrarias a su objeto y fin.

Minutos antes de que concluyera la sesión de ayer, el presidente de la Corte, Juan Silva Meza, pospuso para este martes la votación que determinará si el máximo tribunal abandona la postura tradicional sobre control de convencionalidad.

El ministro que ayer se opuso rotundamente a revocar dicho criterio fue Sergio Salvador Aguirre Anguiano, quien advirtió a sus compañeros que modificar ese criterio de control de convencionalidad podría desquiciar el sistema jurídico nacional.

Aguirre aseguró que del artículo 133 constitucional no se desprende la posibilidad de que los jueces locales puedan dejar de aplicar leyes mexicanas que se contrapongan con los tratados internacionales, y que esto sería contrario al principio federalista y de división de poderes, colapsando a la Corte y rompiendo su lógica de tribunal constitucional.

Refirió que ese control podría realizarse únicamente respecto de leyes locales, pero nunca de federales o de carácter general, pues lo contrario trastocaría el pacto federal: los jueces no pueden pronunciarse sobre la constitucionalidad de leyes federales.

Con la posición de Aguirre han coincidido, en sesiones públicas anteriores, Jorge Mario Pardo y Luis María Aguilar.

En contraparte, los ministros que sí están a favor de modificar este criterio de control de convencionalidad son Fernando Franco y el presidente de la Corte, Juan Silva Meza, cuyas posturas coinciden con las expresadas anteriormente por Olga Sánchez Cordero, José Ramón Cossío, Arturo Zaldívar, Sergio Valls y Guillermo Ortiz .

Silva Meza dijo estar de acuerdo en la reconfiguración de la función judicial que delinea la reforma y que dispone la sentencia de la CIDH, pero no con la posibilidad de que todos los jueces del país realicen el control de la Constitución que está reservado, dijo, para los juzgadores federales.

Desde el inicio de la discusión de este caso, la mayoría consideró que el párrafo 339 de la sentencia del caso Radilla obliga a la Corte a emitir un pronunciamiento sobre el control de convencionalidad, es decir, la vigilancia judicial del respeto a los tratados internacionales.

Su postura es consecuencia directa de la reciente reforma al artículo primero de la Constitución, que desde el 11 de junio pasado dispone que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos.

El ministro Guillermo Ortiz expuso que este criterio, de ser aprobado, no llevaría a que los jueces expulsen del orden jurídico las leyes que les parezcan inconstitucionales o contrarias a un tratado –lo que sigue siendo facultad federal–, sino a que las desapliquen en el caso concreto que estén resolviendo.

El pleno votará hoy sobre cuáles serán los alcances del control de convencionalidad que realizarían todos los jueces.