Miguel Ángel Beltrán Villegas, doctor en ciencias sociales, deportado de México en 2009, fue absuelto de los cargos que le imputó la fiscalía colombiana como presunto terrorista e integrante del comité internacional de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Una vez libre, inició procedimientos para volver a México, como asilado, pero también para que el Estado repare el daño que le ocasionó, luego de ser víctima de un proceso irregular de repatriación, con tortura y maltrato sicológico, que incluyó el impedimento por 40 años para volver aquí.

La política de seguridad democrática, de supuesta persecución al terrorismo, tiene ese agravante: en esa categoría se incluye a aquellos que tenemos un pensamiento crítico. Hasta el momento de mi deportación yo sentía una gran admiración por todo el papel internacional que había jugado México al darle asilo a muchos perseguidos políticos en diversas coyunturas históricas. Sin embargo, con casos como el mío se rompió esa tradición, lo cual resulta negativo y lamentable, señaló el académico e investigador universitario en entrevista con La Jornada.

Durante más de dos años, Beltrán Villegas ha enfrentado al sistema judicial de dos países. El 22 de mayo de 2009, México lo deportó fast-track, sin derecho a solicitar refugio, ante el requerimiento del gobierno de Colombia para que detuviera –y le enviara– a quien, según sus reportes de inteligencia, era Jaime Cienfuegos, uno de los dirigentes de las FARC. Apenas llegó a Bogotá, el supuesto terrorista fue recluido en una cárcel de máxima seguridad, donde permaneció 25 meses.

Gracias a una amplia defensa –que incluyó el apoyo de varios miles de académicos y alumnos de ambos países que enviaron a las autoridades gubernamentales y judiciales correos electrónicos– recobró su libertad el 7 de junio pasado, luego de que una juez emitió la sentencia absolutoria que fue oficializada el viernes pasado.

La juzgadora concluyó que las pruebas entregadas por la fiscalía resultaron nulas e insuficientes para demostrar que el también profesor de la Universidad Nacional de Colombia y residente del posdoctorado en la UNAM había participado en acciones de rebelión, terrorismo, concierto para delinquir e integración de grupos ilegales.

En México las autoridades mantienen el criterio de que tiene antecedentes negativos y no puede regresar al país, pese a que en el momento de su deportación se dedicaba a investigar sobre el cardenismo.

El académico y sus abogados afirman que lo que hicieron las autoridades migratorias mexicanas fue un secuestro, mientras las de Colombia presionaron por varias vías para que aceptara los cargos que le imputaron.

En un libro que escribió en el pabellón de alta seguridad de La Picota (Crónicas del otro cambuche), Beltrán muestra el resultado de una investigación documental y, por supuesto, presencial, acerca del sistema de justicia colombiano que redunda, como en México, en casos donde el eje es la impunidad y la corrupción, así como un deficiente sistema carcelario que lo último que logra es la readaptación social de los internos.

Es una obra de 322 páginas, escrita con la disciplina del investigador social, para mostrar lo que define como inconsistencias e incoherencias de un proceso teñido de tintes políticos y donde, precisa, han brillado las reiteradas violaciones al debido proceso, empezando por la legalización de una captura que se adelantó de manera irregular en la ciudad de México.

Además, por la utilización de pruebas ilícitas e ilegales, como la computadora del abatido jefe de las FARC Raúl Reyes, y algunos de sus escritos que circulan en revistas especializadas difundidas en varios países y por Internet.

Quedó demostrado que soy un crítico político, no un terrorista, señaló en la entrevista –vía Internet– quien al momento de su detención y deportación era invitado del Centro de Estudios Latinoamericanos de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM.

Aseveró que en su secuestro el Instituto Nacional de Migración (INM) sirvió de puente para esta operación ilegal, al separarlo de su abogado cuando se hallaba en las oficinas del instituto, donde acudió para realizar trámites migratorios; fue aislado a una oficina y enseguida lo llevaron a una estación migratoria en la que no se le permitió siquiera realizar una llamada telefónica. Por el contrario, de ahí fue trasladado al aeropuerto internacional para su inmediata repatriación.

Es decir, ante el pedido de Colombia, no lo sometieron a los trámites previstos en el tratado de extradición entre ambas naciones, sino que optaron por la vía de simular una deportación por motivos migratorios, luego de que le negaron por varios meses el cambio de estatus de visitante a estudiante.

Además, afirma, el gobierno mexicano avalaba que espías colombianos siguieran sus pasos durante su estancia como residente de posdoctorado.

Respuesta de México

La Secretaría de Gobernación aseguró el viernes pasado que el INM se compromete a proceder con estricto apego al marco legal, anteponiendo en todo momento los derechos del ciudadano colombiano.

Dijo que el INM ha aceptado la Propuesta de Conciliación que le formuló la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en junio de 2010 y se mantiene al tanto del procedimiento judicial interpuesto por el extranjero.

Empero, no respondió acerca de las acusaciones del presunto uso de Migración como vía para el cumplimiento de peticiones de gobiernos de otras naciones.

La deportación y la influenza

Aquel 22 de mayo 2009 la imagen de Beltrán fue difundida profusamente en los medios de comunicación, incluso en aquellos que no suelen interesarse por esta clase de episodios.

En una escena inédita, los policías colombianos portaban cubrebocas porque el detenido procedía de México, donde por esos días se vivía una crisis sanitaria por la propagación del virus de la influenza A/H1N1.

De inmediato, los reportes televisivos daban como misión cumplida la detención de quien señalaban como un muy cercano asesor de Raúl Reyes, uno de los jefes máximos de las FARC, abatido en el operativo Fénix, en 2008.

Ante la televisión, en cuanto Beltrán ya estaba en la cárcel, los jefes policiales y fiscales de Colombia afirmaban que, a través de eventos y videos, aquél invitaba a los jóvenes a ingresar a las filas de las FARC y que organizaba institutos académicos de fachada para recabar recursos para ese grupo guerrillero.

Un día después de la deportación, el entonces presidente colombiano Álvaro Uribe dio las gracias a las autoridades mexicanas: Este gesto lo ponemos como un ejemplo; lo aplaudimos, lo agradecemos. Le pedimos a todos los países del mundo que nos ayuden a capturar a estos terroristas ahí donde estén. Muchas gracias al Presidente de México, a sus autoridades.