El Frente Amplio Contra la Supervía Poniente solicitó a la alta comisionada de la Organización de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Navanethem Pillay, su intervención  para salvaguardar los derechos humanos y ambientales de los habitantes de la ciudad de México.

En una carta que le fue entregada el viernes por la mañana en las inmediaciones del Antiguo Palacio del Ayuntamiento, los ciudadanos que se oponen a la carretera urbana de cuota, enumeraron, entre otras cosas, lo ocurrido el 19 y 30 de octubre de 2010 (fechas en que la administración de Marcelo Ebrard intentó, sin éxito, tomar posesión física de los inmuebles expropiados de La Malinche); el 20 de enero de este año (cuando la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal emitió la recomendación 1/2011) y la incursión policiaca del uno de enero a la llamada zona cero pese a que existían medidas cautelares y se trataba de un día feriado.

“Comisionada, apelamos a su investidura con el pleno convencimiento de su intachable labor en favor de la defensa de los derechos humanos, nos permitimos distraer su atención para hacer de su conocimiento lo siguiente: Encabezamos un movimiento ciudadano, pacífico y apartidista que desde hace tres años lucha por la defensa de los derechos humanos y ambientales.

“Los cuales se ven seriamente violentados por el jefe de Gobierno de la ciudad, Marcelo Ebrard, quien de manera autoritaria impone la construcción del proyecto carretero conocido popularmente como supervía poniente”.   

La misiva está fechada en julio de 2011 y cuenta con firma de acuse. En el texto se refiere a un correo electrónico que el frente amplio le envió a la diplomática el 10 de febrero pasado. También está la dirección de la página electrónica en la cual se puede consultar la recomendación 1/2011.

“La actitud impositiva y autoritaria del jefe de Gobierno con respecto del proyecto se refleja en el hecho de que constantemente, en diversos medios de comunicación, ha sostenido, pese a la opinión ciudadana y de la recomendación de la CDHDF, que la obra vial ‘va porque va’.

También ha argumentado que de suspender la construcción se dañarían las finanzas públicas del DF, soslayando que el gobierno de la ciudad suscribió un título de concesión al margen de la ley, ya que es leonino y lesivo a la ciudad, mismo que se puede revocar sin que se erogue presupuesto alguno, se advierte.