El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) y el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) firmaron un convenio para impulsar ascensos de mujeres a cargos de juez y magistradas, y se compromete el órgano del Poder Judicial de la Federación a mantener de manera permanente “cero tolerancia a la discriminación y a la violencia contra las mujeres”.

Durante un acto llevado a cabo en la sede del CJF se suscribió el convenio general de colaboración para desarrollar acciones que consoliden una cultura de equidad de género en el Poder Judicial, y como parte de este acuerdo se alentarán acciones para el ascenso de las mujeres de acuerdo con sus capacidades en igualdad de condiciones que los hombres, afirmó Rocío García Gaytán, titular del Inmujeres.

La funcionaria señaló que “hay dos razones importantes del por qué es más difícil que las mujeres asciendan de cargo: primero, cuando se está estudiando la maestría y el doctorado estamos en edad reproductiva y, obviamente, esto llega a ser una diferencia con los hombres para llevar a cabo los estudios.

En segundo lugar, está la movilidad, es mucho más común que se nombre a un juez o a un magistrado para el interior de nuestro país y la familia lo sigue, y es más difícil que una mujer tenga la oportunidad de ascender e ir a otro estado y que su familia la siga.

En su oportunidad, el consejero César Esquinca Muñoz, presidente del Comité de Derechos Humanos, Equidad de Género y Asuntos Internacionales, afirmó que el CJF está en la ruta de ampliar las políticas para mejorar los mecanismos que incrementen la participación femenina en los concursos para ocupar los cargos terminales de la carrera judicial.

Para ello se desarrolla un proyecto de actualización, profesionalización y especialización, que incremente el desarrollo profesional de nuestras servidoras públicas, por medio de cursos virtuales y a distancia, a los que pueden acceder sin restricciones de horario y lugar para hacer compatibles sus responsabilidades en el ámbito laboral, familiar y personal.

Además, explicó, “existe un compromiso permanente con la transparencia y el mejoramiento del sistema de impartición de justicia que comprende una política de cero tolerancia a la discriminación y la violencia contra las mujeres, prueba de ello es la determinación del pleno del CJF de no ratificar en su cargo a un magistrado que había recibido una sanción por hostigar laboralmente a una de sus subordinadas, quien se negó a sostener una relación sentimental con él, sanción severa pero necesaria, porque sirve de ejemplo y contribuye a la prevención”.