Birmingham, 8 de julio. Grupos de derechos civiles presentaron este viernes una demanda contra la nueva ley de inmigración de Alabama, que tanto defensores como detractores describen como la más dura de Estados Unidos.

La demanda dice que la ley someterá a los ciudadanos y no ciudadanos a sanciones criminales y a la encarcelación por actividades diarias inocentes como ofrecer llevar a un vecino en auto, contratar a un jornalero o alquilar una habitación a un amigo. También sostiene que la ley desalentará a que los niños de familias de inmigrantes se inscriban en escuelas públicas.

La ley se distingue de las demás porque exige que las escuelas públicas determinen, mediante la revisión de certificados de nacimiento o declaraciones juradas, el estatus de residencia legal de los estudiantes que desean anotarse.

El gobernador republicano, Robert Bentley, firmó la ley en junio pasado y entrará en vigencia a partir del primero de septiembre.

Con la nueva demanda, Alabama se sumó a Georgia, Arizona, Utah e Indiana, estados que deberán defender sus leyes migratorias en una corte federal. Los jueces han bloqueado partes clave de las legislaciones aprobadas.

Alabama sancionó descaradamente esta ley a pesar de los malos augurios: las cortes federales han impedido que todas y cada una de estas leyes discriminatorias entren en vigencia, dijo Cecillia Wang, directora del Proyecto de Derechos de los Inmigrantes de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés).

La coalición humanitaria que presentó la demanda incluye a ACLU, el Southern Poverty Law Center, ACLU de Alabama, el Centro Nacional de Derecho Migratorio, el Asian Law Caucus y el Centro de Justicia Asiático-Americano.

El desafío legal no es una sorpresa. Uno de los defensores de la ley dijo este viernes que confía en que tendrá el apoyo de la corte.

Es importante destacar que nuestra ley busca proteger a los inmigrantes que residen aquí legalmente y afecta sólo a los que violan nuestras leyes con su simple presencia, dijo Micky Hammon, el líder republicano en la Cámara de Representantes de Alabama.

Según la nueva ley de Alabama, la policía debe detener a quien no muestre la documentación reglamentaria si se sospecha que está en el país de forma ilegal.

También será un crimen transportar o refugiar a alguien que se encuentre ilegalmente en el estado. La ley impone sanciones contra las compañías que contraten empleados sin estatus de residente legal, por ejemplo, la suspensión o revocación de su licencia. La ley obliga a las empresas a usar una base de datos llamada E-Verify para confirmar el estatus inmigratorio de los nuevos empleados.

De su lado, la embajada de México en Estados Unidos elogió hoy la demanda de grupos de derechos civiles contra la recientemente aprobada legislación HB56 de Alabama, que consideró que criminaliza a los inmigrantes.

El gobierno de México ha subrayado repetidamente que ciertas estipulaciones de la ley pueden afectar adversamente los derechos civiles fundamentales de los ciudadanos mexicanos que viven o visitan Alabama, señaló.

En un comunicado indicó que la ley también criminaliza a los inmigrantes y potencialmente lleva a la aplicación selectiva de la ley (...) Esto es extremamente preocupante porque llevaría a la discriminación potencial de estudiantes mexicanos, incluyendo a los ciudadanos estadunidenses de ascendencia mexicana.

Recalcó que la embajada de México y su red consular en Estados Unidos continuarán promoviendo las contribuciones de los mexicanos a la prosperidad del país y de sus respectivas comunidades, y defenderá sus derechos fundamentales sin considerar su estatus migratorio.