Además de los 51 mexicanos sentenciados a muerte en Estados Unidos, existen otros 104 en proceso de ser condenados, por lo que estamos esperando del Poder Ejecutivo Federal que emita al más alto nivel una posición de rechazo en este tema, advirtió la dirigencia nacional priísta.

Por conducto de la Confederación Nacional de Organizaciones Populares, instó a la cancillería a ejercer los 16 millones de pesos aprobados en el Presupuesto de Egresos para la defensa legal de los 51 mexicanos condenados a muerte en Estados Unidos.

Es necesario que el presidente Felipe Calderón fije una postura al respecto, apuntó.

El secretario de asuntos migratorios de la central popular priísta, Edmundo Ramírez Martínez, lamentó los silencios presidenciales, particularmente en el caso de Humberto Leal García, condenado a muerte y ejecutado ayer en Texas. Consideró que el gobierno mexicano se involucra en los casos de sentenciados a la pena capital cuando jurídicamente ya no se puede hacer nada.