La defensa legal del director de comunicación social de la Arquidiócesis de México, Hugo Valdemar, criticó la actuación de la Secretaría de Gobernación; de su titular, Francisco Blake, y de sus achichincles en torno a la orden que dio el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) para que sancione al citado sacerdote por considerar que violó la ley electoral cuando llamó –el año pasado– a no votar por el PRD.

Armando Martínez, presidente del Colegio de Abogados Católicos, señaló que al aceptar amonestar al religioso, Blake se convirtió en el gatillero y el trapeador del PRD, y sostuvo que dado que la ley no prevé sanción, aunque Gobernación instale una comisión para castigar a Valdemar Romero, le harán lo que el viento a Juárez.

El litigante lamentó la falta de tino y oficio político del secretario y calificó la situación como una persecución religiosa, pues insistió en que no hay sustento jurídico.

En este sentido, el obispo de San Cristóbal de las Casas, Felipe Arizmendi, sostuvo en su escrito semanal denominado Clérigos sin libertad de expresión, que es urgente proponer avances en materia de libertad religiosa como un derecho fundamental para todos, e hizo hincapié en que las leyes civiles se contradicen.