Tegucigalpa, 7 de julio. La Comisión para la Verdad y Reconciliación confirmó hoy que lo ocurrido en Honduras el 28 de junio de 2009 fue un golpe de Estado contra el Ejecutivo y no una sucesión constitucional, como lo justificaron en su momento los promotores de la asonada cívica-militar que sacó del poder al entonces mandatario Manuel Zelaya.

Los comisionados podemos afirmar que los procesos seguidos contra el presidente Zelaya fueron un golpe de Estado al Ejecutivo, declaró el guatemalteco Eduardo Stein, vicecoordinador de la comisión, al dar a conocer su informe ante el actual presidente de Honduras, Porfirio Lobo, y el secretario general de la Organización de Estados Americanos, el chileno José Miguel Insulza.

Pero también responsabilizó a Zelaya de haber precipitado los sucesos al abrir una crisis política con los poderes Legislativo y Judicial al desconocer y no acatar decisiones de las autoridades.

Más tarde, Zelaya negó que haya violado leyes como presidente: No tengo ninguna demanda que se me haya hecho, ninguna citación, entonces de qué se trata, cuál es la ley que yo violé, que me digan. No quiso calificar el informe y señaló que con esto se cierra un capítulo.

En el informe se destacó que la convocatoria a una consulta popular –que la oposición de derecha consideró ilegal porque Zelaya pretendía impulsar una Constituyente para perpetuarse en el poder– marcó el elemento definitivo de confrontación que tuvo como desenlace la captura y posterior expulsión a Costa Rica del gobernante constitucional.

Por lo demás, en el informe se aseguró que en la represión que siguió al golpe de Estado, policías y militares mataron a 12 personas “usando desproporcionadamente sus armas de fuego y gases tóxicos, en tanto que otros ocho opositores fueron asesinados selectivamente por agentes del Estado u otros perpetradores que aparentemente servían a la misma política estatal de represión.

El presidente Porfirio Lobo dijo que dará seguimiento y acatará las recomendaciones de la Comisión de la Verdad.