acia el final de su sexenio, Felipe Calderón busca evadir la responsabilidad sobre los efectos de sus decisiones porque reitera que no se arrepiente de ellas. La más destacada de ellas es la relativa a la guerra emprendida para combatir al crimen organizado. No hay vuelta, estamos ante asuntos de Estado y existen responsabilidades concretas que hasta hoy no han sido sancionadas. Y no se trata de ánimos pendencieros o no proclives al diálogo; estamos hablando de justicia y del sentido del derecho y sus instituciones. De no ser así, ¿para qué organizar un Estado y unos poderes, si no fue para garantizar los derechos del pueblo?
La realidad ha dejado a nuestra Constitución como una suerte de imaginario; uno de ellos es el relativo a la justicia pronta y expedita que, al no ser ni lo uno ni lo otro, conjuga a un auténtico nini. Sin embargo, no por ello debemos renunciar a la exigencia de su cumplimiento. Hacerlo implica desconocer que es resultado de luchas históricas del pueblo y colocarnos en la lógica de la discrecionalidad que entraña arbitrariedad y exclusión.
Hoy es evidente que la justicia interna no responde a su cometido. Por ello se está recurriendo a espacios internacionales, de manera destacada al ámbito interamericano. Ahí se están resolviendo casos emblemáticos, si bien en lapsos cercanos a los diez años en promedio. Las organizaciones de derechos humanos, como Tlachinollan, el Centro Pro, Fundar, la Comisión Mexicana de Derechos Humanos, el Centro Frayba con el apoyo del Centro de Justicia Internacional (Cejil), promueven y acompañan a víctimas. Pese a ello, es importante anotar que la justicia internacional es subsidiaria respecto de la nacional, aquélla no releva a ésta ni lo pretende.
Así que no se deja de lado la exigencia de lograr una justicia interna con apego a los derechos humanos. Por ello estas mismas organizaciones, junto a otras agrupadas en la Red Todos los Derechos para Todas y Todos, sostuvieron la demanda hoy lograda en torno a una reforma constitucional como la recién promulgada, que amplía el campo de los derechos humanos. En este camino de luchas de largo plazo y de congruencia y riesgo en el día a día vale la pena señalar que se está avanzando en configurar las condiciones para detener la inconstitucional militarización acentuada de manera drástica por el calderonismo, que tiene en curso una estrategia de control de daños para construir una ruta autoexculpatoria.
Es útil mencionar algunos casos donde la Corte Interamericana ha fallado contra el Estado mexicano, como el de los ecologistas en Guerrero Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera, donde el Ejército aparece como el autor de torturas y detención arbitraria en 1999 y el sistema de procuración y administración de justicia cómplice los condena y, pese a que el foxismo los liberó por razones humanitarias
, se negaron al abrazo pues con ello el Estado no reconoció su inocencia, no sancionó a los militares torturadores ni otorgó la debida reparación del daño y salieron en busca de justicia, cuya sentencia en favor está en espera de cumplimiento pleno y fue dictada en diciembre de 2010; el de Rosendo Radilla, desaparecido desde 1974, en cuya sentencia se cuestiona el fuero militar, entre otras implicaciones de importancia. Precisamente la Corte deberá resolver en estos días, pues en este caso se le asignó la responsabilidad de pronunciarse en relación con el artículo 13 constitucional; también está el caso de Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú, indígenas violadas por elementos del Ejército. En todos ellos se piden reformas al código de justicia militar.
Estos son casos con sentencia, pero hay otros en camino y en la misma lógica, como la petición a la CIDH el 8 de febrero de 2010, que aún no tiene resolución sobre admisibilidad y fue presentada por Reynalda Morales Rodríguez, viuda de Zenón Alberto Medina López, una de las cuatro personas ejecutadas arbitrariamente por militares en la sierra de Badiraguato, Sinaloa, en marzo de 2008, quien según la Corte carece de legitimación para exigir que el fuero militar se sometiera a control constitucional, razón por la que le negaron un amparo. En esta línea se encuentra el caso, en Chihuahua, de Nitza Paola Alvarado Espinoza, Rocío Alvarado Reyes y José Ángel Alvarado Herrera y 33 de sus familiares, ambos vinculados a la aplicación de los operativos militares bajo el pretexto del combate al crimen organizado.
La semana pasada el gobierno acudió a la Corte Interamericana a responder por dos de los casos ya mencionados. Hoy la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Navi Pillay, está en México. Se trata de proteger a las víctimas y también a sus defensoras y defensores. Éstos son los caminos del estado de derecho. La militarización es contraria al mismo, por ello se está tejiendo pacientemente un blindaje contra la impunidad.
