Alrededor de 50 familiares de siete internos del Centro de Rehabilitación Social (Cereso) de Ciudad Juárez, Chihuahua, se manifestaron ante los juzgados federales ubicados en la localidad para exigir que la Policía Federal Ministerial investigue a la empresa CEMCO, a la cual acusaron de contratar personal y asignarle tareas que implican cruzar de México a Estados Unidos en vehículos cargados con droga.

Los inconformes afirmaron que CEMCO publica anuncios en medios locales y contrata personas poseedoras de visas láser de cruce local. Una de las manifestantes aseguró que a una de sus hijas, presa hasta la fecha, CEMCO la puso a monitorear precios de artículos de ferreterías en establecimientos ubicados en Ciudad Juárez durante dos semanas; posteriormente la envió en vehículos de la empresa a realizar la misma actividad en El Paso, Texas. Sostuvo que al llegar al cruce entre Juárez y El Paso, personal del Ejército Mexicano le detectó droga y fue encarcelada.

Los manifestantes indicaron que entre abril y junio pasados fueron aprehendidos por llevar estupefacientes en sus vehículos Jesús Eduardo Villasana, de 32 años; José Ángel Rodríguez Loya, de 34; Eduardo Monreal Pérez, de 33; Isidro Rivera Pérez, de 39; Jesús Villaflores, de 54 años, y al menos otras dos personas que se encuentran recluidas en el Cereso.

Otra encarcelada es la maestra Ana Isela Martínez Amaya, detenida el pasado 26 de mayo por militares con 40 kilogramos de mariguana, que aparentemente le fueron colocados en su automóvil sin que ella se diera cuenta.

Los familiares de los detenidos aseguraron que “a pesar del modus operandi, la Procuraduría General de la República no ha detectado a la banda ni determinado ningún patrón, por lo que los acusados permanecen enfrentando procesos penales como si fueran situaciones aisladas”.

Sostuvieron que sus parientes fueron engañados por CEMCO, que solicita mensajeros o compradores en un diario local, y atribuyeron a la empresa cargar con droga a los empleados.

Reforzarán seguridad en NL

Mientras, el gobernador de Nuevo León, Rodrigo Medina, informó que firmará convenios para reforzar el trabajo de seguridad pública en coordinación estrecha con municipios como San Pedro, demarcación que a partir de este martes pondrá a disposición del gobierno estatal 28 elementos de seguridad, que laborarán como policías estatales y estarán equipados de armas largas. Indicó que estos uniformados se unirán a un grupo compuesto por efectivos estatales y del Ejército Mexicano, que actuarán en los límites de San Pedro con Monterrey y Santa Catarina, sin restricción territorial.

En conferencia de prensa, Medina explicó que el esquema queda abierto a los demás municipios de la entidad, y la primera en aplicarlo es San Pedro. Indicó que se pretende que se haga un trabajo complementario entre las autoridades policiacas estatales y municipales, y tener mayor presencia en lugares donde se sabe que se han perpetrado delitos.

De su lado, el presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Nuevo León, Jorge Luis Mancillas, dio a conocer que en el último año hubo un incremento de 200 por ciento en el número de juicios a adolescentes acusados de delinquir, principalmente en el ámbito federal, y anunció que para 2012 se contará con un palacio de justicia para adolescentes con cinco juzgados, que se unirán a los cinco que actualmente operan en la materia.