l endeudamiento público en los países en desarrollo y los ajustes fiscales que se han impuesto en Europa marcan una nueva fase del carácter eminentemente financiero que ha envuelto a la economía mundial desde hace más de 30 años.

Las crisis han sido recurrentes, con repercusiones adversas más grandes en los patrones de la producción y de la distribución. Igualmente ha significado un replanteamiento de la naturaleza del Estado y la relación entre los ciudadanos y quienes gobiernan.

Hoy la deuda es un fenómeno preponderante en el espacio europeo en el que opera el euro y, también, en Estados Unidos. Los gobiernos se endeudaron en demasía por los excesos especulativos derivados de la gestión estatal de las políticas fiscal y monetaria, y la abundancia de liquidez y oferta de créditos de los bancos. Luego, como consecuencia de las intervenciones y los rescates derivados de la misma crisis.

Pero los grandes bancos se han recuperado con rapidez y la carga de la deuda se ha transferido al Estado y, por lo tanto, a la mayoría de los ciudadanos. No ha habido ninguna reforma significativa del sistema de financiamiento, ni una modificación firme de la regulación del sector.

En cambio, hay una contradicción muy evidente entre el principio con el que el gobierno de Bush y su secretario del Tesoro, Paulson, encararon la crisis y que guió el rescate.

Afirmaron que los bancos eran muy grandes para quebrar y que entrañaban un riesgo sistémico que se tenía que evitar. El gobierno mismo dirigió la restructuración del sistema bancario luego de la caída de Lehman Brothers y, en efecto, provocaron una mayor concentración de la propiedad. Esto también ocurrió en Europa.

Hoy hay menos bancos gigantes que entrañan más riesgo en caso de fractura y son, ahora, demasiado grandes para quebrar. El costo de la próxima crisis será mucho más grande y con un Estado más débil.

El ajuste impuesto en Grecia no puede significar más que un falsa satisfacción para los políticos, banqueros y el FMI. La insolvencia de la economía griega queda expuesta por los mismos términos y la magnitud del ajuste exigido.

La brutal elevación de los impuestos (se fijó un impuesto solidario lo que es un oxímoron) y la severa reducción del gasto público no puede generar más que una larga recesión y una menor capacidad de pago. Esto no apuntala la superación de la crisis ni reduce la fragilidad del euro.

Los ajustes económicos derivados del sobrendeudamiento se superan, si acaso, en las mediciones y las estadísticas convencionales del desempeño de una economía, como ha ocurrido en México ya varias veces. Pero ahí se esconden grandes pérdidas patrimoniales de las familias junto a la concentración del ingreso y la riqueza, ineficiencias, caídas del bienestar, desigualdad creciente y falta crónica de crecimiento. Esto sólo puede complacer a los técnicos de una burocracia obsoleta, a los políticos que pueden lucrar con tales mediciones y a quienes acaparan los recursos.

La larga experiencia de crisis financieras desde 1982, que han cubierto sucesivamente todas las regiones del mundo hasta llegar al centro mismo del sistema, apunta también al carácter de la democracia prevaleciente.

Hay quien sugiere que los ciudadanos tienen una responsabilidad en la crisis por no atender a las condiciones que representa la deuda y sus consecuencias. Tal y como ejercen su voto en las urnas han de cuidar la democracia hasta en las decisiones financieras del gobierno. Otros señalan la responsabilidad del gobierno y las formas de gestión de los asuntos públicos. Se propone también que puede haber hoy en el caso de Grecia un ejercicio de quiebra ordenada que prevenga el estallido de la crisis incluso más severa.

Éstos son temas claves de un debate político serio que enmarque donde se debe los procesos financieros, que de ninguna manera son independientes ni operan de modo autónomo.

¿Se merecen, entonces, los ciudadanos los ajustes que se les imponen? El señalamiento, por parte de quienes lo hacen, es mañoso y provocador. ¿Está el Estado tal y como ahora funciona, en descomposición? Este es un asunto que está ya incrustado en las demandas que surgen en sociedades en muchas partes y no se restringe al tema de la deuda, como ha quedado claro en los meses recientes. ¿Hay disposición para superar el conflicto financiero y político abierto por la crisis? No hay indicios de que existan los incentivos para que esto ocurra y este, me parece, es un asunto clave.

¿Cómo se articula la relación entre los ciudadanos y sus gobiernos en un entorno de financierización de las economía global? ¿Qué límites tiene este proceso? ¿Cómo funcionan los mercados financieros y se estructuran las formas de endeudamiento público y privado? ¿Cómo se expresan en las políticas públicas y qué efecto tienen?

Mientras estas cuestiones y muchas otras más se sigan planteando en el campo de los mercados y de las acciones de los bancos centrales y de los ministerios de finanzas, las posibilidades de una renovación del pensamiento social y económico y del ejercicio de la política estarán inevitablemente constreñidas y secuestradas.