Este martes 5 de julio en la 831 sesión extraordinaria del consejo de administración de Petróleos Mexicanos (Pemex), que preside el secretario de Energía, José Antonio Meade, se analizará el caso de Mexicana de Lubricantes, sociedad formada en enero de 1993 que ha ocasionado a la paraestatal pérdidas calculadas en más de 30 mil millones de pesos.

Algunos funcionarios pretenden dar borrón y cuenta nueva a más de 18 años de irregularidades de Mexicana de Lubricantes, desistir de los juicios legales, aprobar nuevos estados financieros y firmar otro contrato para restablecer el suministro de básicos.

Fortunato Álvarez, consejero profesional y presidente del comité de auditoría y evaluación del desempeño, afirmó a La Jornada que se presentarán una serie de propuestas para garantizar el interés de Pemex, y que no habrá borrón y cuenta nueva. El funcionario no quiso adelantar los planteamientos que se presentarán en el consejo de administración de la paraestatal.

En la sesión que estaba programada para hoy lunes pero se pospuso por razones de agenda para el martes, también se discutirá el proyecto de presupuesto 2012 y la cartera de inversión por 320 mil millones de pesos, en los que se incluye una partida para la construcción de la refinería Bicentenario en Tula, Hidalgo.

En este presupuesto no se incluyen los contratos incentivados debido a que esta nueva figura se financiaría con recursos privados, y por primera vez en la historia del plan de negocios de Pemex 2012-2016 se incluye el pasivo laboral, situación que confrontará al Sindicato de Trabajadores Petroleros con la empresa, en momentos en que se negocia el contrato colectivo.

En torno a la polémica sobre la conveniencia de mantener la asociación con Mexicana de Lubricantes, las resoluciones las tomarán a partir del oficio CA-143-2010 elaborado por el Comité de Auditoría y Evaluación de Desempeño de Pemex, entregado el 28 de junio al titular de Energía y también al de Pemex, Juan José Suárez Coppel.

El informe, clasificado como reservado plantea restablecer la relación comercial y corporativa entre los socios para dar valor a la empresa, terminar los conflictos judiciales y evaluar la conveniencia de permanecer en la sociedad o enajenar la parte accionaria, como delimitaba el memorando de entendimiento firmado el 20 de marzo de 2009.

Previamente plantea la identificación por la oficina del abogado general de Pemex de la posible comisión de actos ilícitos con el consecuente comienzo de acciones legales que procedan ante las autoridades competentes.

En ese supuesto, las instancias responsables junto con la oficina del abogado general deberán evaluar o definir la viabilidad de continuar con el proceso de normalización de la vida corporativa de la sociedad.

De continuar con el proceso de normalización se deberá realizar de manera simultánea la celebración de asamblea general de accionistas para la aprobación de los estados financieros y reparto de dividendos; desestimiento de todos los juicios de acción de alguna de las partes; firma de nuevo contrato de suministro y terminación de los contratos de maquila y licencia de uso de marca, y apertura del mercado de estaciones de servicio que obligaría a modificar el contrato de licencia de uso.

Para vigilar el cumplimiento de estas propuestas deberá crearse un grupo especial de este consejo de administración que dé seguimiento a las propuestas hasta su conclusión.

Una vez creadas las condiciones para volver a someter el asunto a consideración del consejo de administración de Pemex, la administración deberá aportar información completa de Mexicana de Lubricantes en materias financiera, legal, contable y corporativa. Además, el costo-beneficio de la trayectoria de la inversión, considerando la etapa litigiosa como la correspondiente a la nueva relación comercial y corporativa.

Lo anterior llevará al consejo de administración de Pemex a analizar la conveniencia de conservar la participación accionaria de Mexicana de Lubricantes, de Salvador Martínez Garza.

Algunos críticos de esta asociación fallida y costosa para Pemex afirman que estos hechos violentan las facultades de la Procuraduría General de la República, que el 7 de junio de 2006 inició una investigación por administración fraudulenta e irregularidades cometidas por los miembros del consejo de administración de Mexicana de Lubricantes.

Las primeras investigaciones de la Fiscalía de Delitos Fiscales y Financieros definen un daño patrimonial de 25 millones 828 mil pesos para Pemex-Refinación de Miguel Tame, sin considerar que la firma no ha recibido utilidades ni aprobado estados financieros desde hace más de 18 años.

A pesar de estas acciones, el consejo de Pemex pretende autorizar en la sesión de mañana martes una asamblea de accionistas de Mexicana de Lubricantes para aprobar los estados financieros de 2001 a 2009 y aceptar los resultados de las auditorías reformuladas en materia legal y fiscal.

El objetivo es blanquear financiera y administrativamente a una empresa de la que Pemex es dueña de 46.85 por ciento y que, de acuerdo con la Secretaría de la Función Pública, ocasionó pérdidas al erario hasta 2001 por más de 630 millones de pesos.