La criminalización generalizada de las pandillas juveniles que se distribuyen desde el norte de México hasta Centroamérica, es eco de una política de seguridad nacional diseñada por el gobierno de Estados Unidos y asumida sin cuestionamientos por los gobiernos subalternos de la región y los medios de información masiva.

Si bien algunas ramas de agrupaciones como Barrio 18 y la Mara Salvatrucha están al servicio de bandas del crimen organizado –aunque no forman parte de sus estructuras–, no todas lo hacen y, en todo caso, son responsables de 25 por ciento de la violencia derivada del narcotráfico, mientras que el restante 75 por ciento es atribuible a profesionales de la violencia entrenados para matar, como kaibiles, paramilitares y ex militares (Los Zetas, por ejemplo).

Es necesario reconocer las diferencias y tomar en cuenta el contexto histórico-social para encarar el asunto con políticas sociales (preventivas) y no sólo con la represión a tabla rasa.

Estas son algunas de las observaciones de investigadores durante su participación en la mesa redonda Bandas, maras y pandillas, ¿un problema de seguridad nacional?, organizada por el Instituto Nacional de Ciencias Penales. Desde distintas perspectivas disciplinarias se conformó una esclarecedora radiografía del origen y desarrollo de las bandas o pandillas, que tiene un componente social y cultural.

Basurización de la pandilla y el documento inspirador

Pablo Gaytán Santiago, antropólogo de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), videoasta y estudioso de las expresiones culturales juveniles, empezó por cuestionar el nombre de la mesa que orienta una respuesta predeterminada. Criticó la foto del cartel promocional del coloquio: un cuerpo tatuado y perforado que mira amenazante al ojo que mira, de lo que se desprende que el sujeto fotografiado es peligroso. Llamó a eso basurización de la pandilla y el pandillero.

Pero si ante la imagen se pasa de una actitud pasiva a una reflexiva, surgen preguntas como: “¿Quién define a la Mara Salvatrucha? ¿Quién define a las pandillas? ¿Quién plantea si son un peligro para México?”

También autor del libro Crónicas sobre el punk, Gaytán Santiago refirió que la caracterización de las pandillas asumida por los gobiernos de la región proviene de un documento publicado por el gobierno estadunidense titulado Guerras del crimen: pandillas, cárteles y seguridad nacional, en el cual se define a las pandillas como problema social al que se la atribuye un componente criminal.

El documento propone a los gobiernos subalternos estrategias de control multinacionales que incluye la asistencia financiera de Estados Unidos, así como asesoría en materia de seguridad e incluso “operaciones ilegales de tráfico de armas y enervantes, como ya lo vimos con la operación Rápido y furioso”.

En cualquier caso, habría que decir a los analistas de la Casa Blanca que lo que definen como pandillas son una forma de socialización forzada de millones de jóvenes ante la falta de opciones para participar en la riqueza social.

La estigmatización creada por el gobierno estadunidense es asumida por el actual gobierno mexicano cuando afirma que México enfrenta un gran problema de seguridad que es como un cáncer al que hay que erradicar.

Se trata de una enunciación que “opera de facto la política de seguridad nacional de Estados Unidos”.

Según esta lógica, los desempleados, con un vestuario determinado, sin matrícula escolar, de origen popular, cubren el perfil de pandillero y se integran a ese tumor, a ese cáncer que hay que extirpar del cuerpo social, se promueve en los medios un discurso que los identifica con el enemigo de la sociedad. Es lo que el investigador llamó una política de basurización social.

Huir de la guerra y de conflictos sociales

Alfredo Nateras Domínguez, antropólogo e investigador también de la UAM, recordó los orígenes de las dos principales pandillas que preocupan a los gobernantes: Barrio 18 y Mara Salvatrucha 13, formadas por jóvenes de El Salvador, Guatemala y Honduras, que en la década de 1980 emigraban a Estados Unidos (sobre todo a Los Ángeles, California) huyendo de guerras civiles, conflictos sociales y guerras de exterminio.

Allí aprenden de los cholos mexicanos –herederos de los pachucos– que una de las formas culturales de sobrevivencia social es conformarse como pandillas: la Mara Salvatrucha, integrada sólo por salvadoreños, y Barrio 18, por salvadoreños y cholos.

Luego de la firma de paz en 1983 entre la guerrilla y el gobierno salvadoreños, Estados Unidos deporta masivamente a jóvenes que han tenido algún problema legal; casi no hablan español y reconfiguran a las pandillas locales, que son menos violentas y están más determinadas por cuestiones culturales, como las intervenciones en el cuerpo (tatuajes y perforaciones), la música que oyen, la disputa por el territorio, pero no a balazos, sino con acciones de ilegalidad irrelevantes.

Los estados locales estaban tan debilitados después de los conflictos y las guerras que tardaron en construir una institucionalidad que permitiera atender con políticas sociales el fenómeno.

Hay muchas formas de ser mara y son ciertas ramificaciones de las pandillas las que trabajan con los cárteles de la droga, generalmente como sicarios pero sin integrarse a su estructura. Lo hacen por dinero. A los capos les conviene: mientras un ex militar o un kaibil puede cobrar hasta 5 mil dólares por una ejecución, a un mara le pagan 100 dólares.

Lo que preocupa al autor del libro Las maras: identidades juveniles al límite, es el discurso generalizador de la academia y los medios de comunicación, cargado de prejuicios y estereotipos que tienden a la criminalización de determinado tipo de prácticas culturales.

Cambiar hacia un paradigma integral

Por su parte, Manuel Ignacio Balcázar, autor del libro La influencia de las maras en México: un problema de inteligencia gubernamental, también puso en entredicho que las pandillas representen un peligro para la seguridad nacional.

En tanto que se trata de un fenómeno sociocultural –sostuvo– es evidente que se tiene que cambiar el paradigma de atención al problema, no sólo asociado al uso de la fuerza, sino integral. Esto requiere entender, sin generalizaciones, su grado de complejidad; observar fenómenos particulares y atender estructuralmente las causas y no sólo atacar los efectos.