Washington, 2 de julio. Más de 10 mil personas se manifestaron hoy en el centro de la ciudad de Atlanta, en protesta por la recién promulgada ley antinmigrante HB 87, en el estado de Georgia –inspirada en la polémica Ley SB 1070 de Arizona–, que entró en vigor el pasado viernes y criminaliza a personas indocumentadas. Los participantes recorrieron las principales calles de la capital estatal, y demandaron a la Casa Blanca y al Congreso la aprobación de una reforma migratoria integral, incluida la llamada Dream Act, que legalizaría a estudiantes sin papeles si cumplen ciertos requisitos.

La movilización se produjo luego que un juez federal en Atlanta bloqueó hoy algunas de las disposiciones de la ley. El magistrado, Thomas Trash, aceptó suspender su aplicación hasta que se determine la constitucionalidad de la disposición que permitía a la policía exigir papeles que comprueben la condición migratoria de personas a quienes detengan en la vía pública.

Asimismo, bloqueó la implementación de una disposición que penalizaba a las personas que interactuaran diariamente con personas indocumentadas o les dieran refugio.

La orden del magistrado del 11 circuito de apelaciones respondió a la demanda de varias organizaciones independientes, incluida la Unión Nacional de Libertades Civiles (ACLU), que disputaron la constitucionalidad de la medida.

La demanda señala que la HB 87 es anticonstitucional, debido a que interfiere con el poder y la autoridad federal en cuestiones de inmigración, lo que contravendría la cláusula de Supremacía de la Constitución de Estados Unidos.

No obstante, se prevé una apelación a la ordenanza del magistrado Trash por parte de autoridades estatales.

La iniciativa HB 87 persigue a los empresarios que contraten trabajadores sin papeles y permite a la policía averiguar el estatus migratorio de cualquier persona detenida por otro delito.

Expertos consideran esta normativa más represiva que la aprobada por las autoridades de Arizona hace un año, generadora de gran controversia a nivel nacional.

Los organizadores de la manifestación calculan que cerca de 14 mil personas se dieron cita para demandar sus derechos; no sólo latinos, sino también inmigrantes asiáticos.

Hasta ahora han promulgado medidas contra los indocumentados Carolina del Sur, Arizona, Utah, Georgia y Alabama, argumentando, entre otras razones, la falta de acción de las autoridades federales.

Muchas de estas normas permiten a las agencias del orden público indagar el estado migratorio de los detenidos sospechosos de algún delito y comunicarse directamente con funcionarios del Servicio de Inmigración y Aduana (ICE) cuando se sospecha que se tiene en custodia a un indocumentado.

El gobierno federal insistió en la necesidad de lograr una reforma integral de las leyes, pero los republicanos mantienen su oposición a avanzar en el tema.