Los integrantes del Consejo Nacional de Seguridad Pública (CNSP) –en el que participan alcaldes, gobernadores y autoridades federales– aprobaron poner en marcha estrategias conjuntas para combatir los delitos de alto impacto, como robo, extorsión, homicidios dolosos, trata de personas y secuestro.

En el último rubro desarrollarán un programa similar al que anunció en 2008 Eduardo Medina Mora, entonces titular de la Procuraduría General de la República (PGR), como Estrategia Nacional e Integral contra el Secuestro.

Las cifras del CNSP en cuanto a secuestros refieren que durante 2010 sólo se denunciaron 39 plagios por cada cien mil habitantes, y que se cometieron otros 103 por cada 100 mil habitantes, pero no fueron denunciados; sin embargo, no representan ni la llamada cifra negra ni la totalidad de los incidentes que podrían haber ocurrido.

Durante la trigésima sesión del organismo, celebrada en el Casino Militar del Campo Marte, en la ciudad de México, los integrantes del consejo acordaron apoyar la adopción de protocolos que permitan identificar los casos de homicidio presuntamente vinculados con el crimen organizado, así como poner en marcha diversas acciones, que incluirán operativos conjuntos, con el propósito de disminuir los delitos que más impactan a la sociedad.

Juan Miguel Alcántara Soria, secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), fue el encargado de dar a conocer la propuesta de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), que incluye la creación de una comisión que elaborará una estrategia para combatir los delitos de alto impacto social, que por su naturaleza jurídica corresponde atender a las autoridades locales.

El funcionario explicó que a más tardar el próximo 15 de agosto, esa comisión, en la cual participarán tres gobernadores, deberá entregar sus planteamientos para combatir delitos como secuestro, homicidio doloso, extorsión, trata de personas y todo tipo de robos, ya que este último ilícito se comete en 80 por ciento de los casos.

En tanto, Marisela Morales Ibáñez, titular de la PGR, fue la encargada de dar a conocer el Programa Nacional para Prevenir, Perseguir y Sancionar el Delito de Secuestro, integrado por siete objetivos.

En comparación con la estrategia que presentó Medina Mora, en ambos programas se pugna por la creación de unidades especializadas de combate al secuestro; en 2008 había 14 grupos de ese tipo y en la actualidad faltan por evaluar 105 integrantes de agrupaciones de los estados de Baja California Sur, Michoacán, Sonora, Tabasco, Zacatecas, Aguascalientes y Nayarit.

El segundo punto que presentó Morales Ibáñez también es similar al que propuso en su tiempo Medina Mora: crear una plataforma informática en la cual los tres órdenes de gobierno aporten información para identificar a las bandas y sus integrantes, así como prevenir y combatir el delito. El ex procurador mencionaba Plataforma México como la base en la cual se podrían depositar los datos.

Otros dos objetivos de la estrategia que presentó Morales Ibáñez son: Incrementar la presencia de fuerzas policiacas y elaborar lineamientos para tener un marco apegado a la Ley Federal de Seguridad Pública.

El punto cinco es similar al que propuso su antecesor: que los secuestradores sean encarcelados en módulos especiales en prisiones de máxima seguridad.

El sexto objetivo consiste en combatir la impunidad en las instancias de seguridad pública y de procuración de justicia y, el último, en utilizar los recursos que se decomisen a los delincuentes para la reparación del daño de las víctimas.

En la sesión, Isabel Miranda de Wallace, presidenta de la organización Alto al Secuestro, presentó un informe en el que se asegura que muchas entidades no han cumplido con la instalación de unidades antisecuestro ni cuentan con estadísticas fidedignas sobre la prevalencia de este delito, por lo que exigió a los gobernadores que no evadan su responsabilidad en atender este problema.

El informe provocó la inconformidad de varios gobernadores. El jefe de Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard, felicitó a Miranda de Wallace, pero consideró que por esas afirmaciones muy preocupantes, la información debió ponerse a disposición de los mandatarios estatales antes para que la revisaran con visión autocrítica, sin que eso implicara ocultar datos.

Antes, la activista expuso que los índices más altos de secuestro se presentaron en Chihuahua, Durango, estado de México, Tamaulipas y Michoacán, y se quejó de que en varias entidades no existen estadísticas fidedignas, unidades antisecuestro, controles policiales ni planes de investigación.

Puso como ejemplos los casos de Baja California Sur, que es un desastre; Michoacán, Guanajuato y Morelos, cuyas cifras calificó de inconsistentes; Coahuila, porque está pésimo; Puebla, por haber ocultado datos en el gobierno anterior, y Sinaloa, que también está mal.

Todos estos datos, respondió a Ebrard, se basan en reportes del Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

El gobernador de Michoacán, Leonel Godoy, pugnó porque se comparta la información antes, para contar con datos objetivos; mientras el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Raúl Plascencia, expresó su apoyo a Miranda de Wallace al señalar que la voz de la víctima del delito no puede ser desacreditada.