l Encuentro Continental por el Agua y la Pachamama (deidad), celebrado en Cuenca de Guapondelig entre el 21 y el 23 de junio, generó un amplio debate entre quienes nos oponemos al modelo de apropiación de los bienes comunes, con una importante participación de movimientos de la región. Los casi 2 mil delegados de 15 países mostraron la importancia que los activistas están concediendo al extractivismo más allá de los gobiernos de los diferentes países.

Entre los convocantes se destacan la Conaie y la Ecuarunari de Ecuador, que desde hace décadas vienen luchando contra el modelo neoliberal y extractivo, que tiene en la minería a cielo abierto su principal y más devastadora expresión. Entre los temas abordados figuró el Sumak Kawsay (Buen Vivir o buena vida), los derechos de la naturaleza que la Constitución ecuatoriana reconoce pero aún están lejos de hacerse realidad, la gestión comunitaria del agua y el derecho a la resistencia, ya que el modelo en su fase actual es irreconciliable con la preservación de la vida.

En las diversas mesas de trabajo se pudieron escuchar testimonios de campesinos y comuneros sobre los trastornos que provoca la megaminería, que contamina las fuentes de agua que utilizan las comunidades para crear vida. Un punto aparte merece la criminalización de la protesta social en Ecuador. Son ya 189 personas enjuiciadas por resistir el avance de las multinacionales, muchas de ellas acusadas por terrorismo y sabotaje por el simple corte de rutas, la forma de lucha más extendida en el continente. La justicia es como la serpiente, sólo muerde a los descalzos, dijo el abogado quechua Carlos Pérez Guartambel, dirigente de las juntas de agua, sobre quien pesan varios juicios.

Estaban los principales dirigentes populares del país: Delfín Tenesaca, Marlon Santi, Pepe Acacho y Humberto Cholango, todos ellos acusados por la justicia de diversos delitos. La criminalización de la protesta obedece al modelo que invade nuestros territorios, invisibiliza a los pueblos, genera violencia y guerra, dijo Cholango al abrir el encuentro. La veterana dirigente quichua Blanca Chancoso expresó su temor de que “el Sumak Kawsay sea corrompido o folclorizado por el poder”, en una intervención fuerte que finalizó advirtiendo que no le tenemos miedo a este gobierno.

Esperanza Martínez, de Acción Ecológica, recordó que la propia Constitución reconoce el derecho a la resistencia y llamó a quienes resisten el modelo –de modo particular la megaminería– a profundizar en una ética de resistencia que por medios no violentos, lo que no quiere decir pacíficos, sea capaz de romper el velo de engaño que aún sostiene a la revolución ciudadana. Pepe Acacho, de la Federación Shuar, quien estuvo una semana preso acusado de terrorismo y sabotaje, indicó que en el actual gobierno se ha institucionalizado el delito de terrorismo.

Uno de los debates más profundos gira en torno a la interpretación del extractivismo, las dificultades para salir del mismo y los problemas que pueden enfrentar quienes se atrevan a plantarle cara. Es evidente que estamos no sólo frente a un modelo, sino un sistema. El grueso de las inversiones que reciben los países de la región están orientadas a minería, monocultivos, forestación y cualquier tipo de producción de commodities. Incluso Brasil, la séptima potencia industrial del mundo, está viviendo un proceso de desindustrialización como consecuencia del extractivismo.

En los países que nunca tuvieron desarrollo industrial, como los andinos, el modelo extractivo los atornilla a una situación de aguda dependencia de los capitales que provienen de Estados Unidos, Europa o China. Delegados de Canadá, el país que cuenta con 75 por ciento de las empresas mineras del mundo, explicaron las razones por las cuales la minería no se concentra sólo en el sur sino también en países del norte, como lo enseña el ejemplo canadiense. En ese país hay 10 mil minas abandonadas y tiene la mayor cantidad de mineras en América Latina.

Canadá es un paraíso judicial para las mineras, o sea leyes muy permisivas, ventajas fiscales, subvenciones estatales y una potente red diplomática que defiende a sus empresas en el exterior. Este conjunto de factores tiene un nombre: impunidad. Es esa impunidad la que ha hecho posible que tantos capitales se refugien en la minería con sede en Canadá, y que esas empresas se expandan por el mundo esgrimiendo la misma lógica.

Para sostener la impunidad del capital es necesario criminalizar, perseguir y sobre todo militarizar regiones enteras, aquellas donde se va a consumar la acumulación por robo, despojo y rapiña. En suma, el militarismo, que es una de las peores consecuencias del extractivismo, no es una falla ni un error sino la principal característica del sistema en su etapa de acumulación por guerra, a la que se reduce el capitalismo actual.

En el periodo del estado de bienestar millones de seres humanos debían ser encerrados en fábricas para extraerles plusvalor, que se realizaba vendiéndole las mercancías que producían a esas y a otras personas. Ahora las cosas cambiaron de raíz. Desde que la humanidad de abajo se ha vuelto rebelde y no tolera las opresiones, las personas dejaron de ser fuente de riqueza, y la riqueza se busca allí donde no haya gentes, que son cuidadosamente expulsadas y amontonadas en guetos vigilados, o exterminadas.

Por eso cuando los gobiernos hablan de atraer inversiones, lo que están haciendo es importar una máquina de guerra que tiene los más variados nombres (minería, soya, celulosa) pero una sola lógica: acumular destruyendo, acumular haciendo la guerra contra los de abajo, que son los potenciales y reales enemigos del capital. No existe extractivismo bueno. Superarlo supone enfrentar guerras con el capital, guerras duras con armas o guerras blandas con alimentos y hambre. Si aún no hay fuerza para superar el extractivismo, hay ganas de discutirlo, que puede ser una buena forma de acumular energías para seguir resistiendo.