La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) advirtió que varios albergues para migrantes en el país han sido amenazados por grupos criminales, por lo que llamó al gobierno federal a concederle de inmediato medidas cautelares a dichos centros para evitar que las personas que trabajan y permanecen en ellos sufran daños irreparables.

Mediante un comunicado, el organismo mencionó entre las casas afectadas a Hogar de la Misericordia, en Arriaga, Chiapas; Casa de la Caridad, en San Luis Potosí; Nazaret, Casa del Migrante, en Nuevo Laredo, Tamaulipas; Casa del Peregrino Frontera Digna, en Piedras Negras, Coahuila, y de forma muy reiterada, Casa Belén Posada del Migrante, en Saltillo.

La CNDH recordó que de enero de 2010 a la fecha, ha insistido para que las autoridades brinden protección a dichos centros humanitarios y se les garantice las condiciones adecuadas para realizar su labor.

Mientras tanto, especialistas del Colegio de la Frontera Norte (Colef) y de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) aseguraron que México se ha convertido en territorio minado para los migrantes, ante la escalada de violencia, extorsión, secuestro y homicidios en su contra. Además, alertaron que la creciente corrupción de las instituciones públicas encargadas de garantizar su seguridad es punto clave para que se pueda secuestrar a 80 personas y no pase nada.

En entrevista por separado, señalaron que la ola de violencia que afecta al territorio nacional también impactó las rutas migratorias, pues miles de indígenas jornaleros que se desplazaban desde entidades del sur hacia el norte del país han optado por la migración internacional, ante el elevado riesgo de extorsión, secuestro y muerte que representa trasladarse hacia la frontera con Estados Unidos.

Jorge Mercado Mondragón, sociólogo de la UAM y especialista en migración, destacó que no sólo hay violaciones a los derechos humanos de ciudadanos centroamericanos indocumentados en su ruta por alcanzar la frontera norte, sino también hay miles de connacionales desplazados que son invisibles para las autoridades estatales y federales, y quienes lo han perdido todo al huir de la violencia.

Germán Vega, catedrático del Colef, aseguró que la profunda corrupción imperante en el Instituto Nacional de Migración (INM) favorece un estrecho vínculo entre funcionarios de este organismo y el crimen organizado, pues enfatizó que pese a que la extorsión y la trata de personas es un fenómeno presente desde hace muchos años en la ruta migratoria, el crecimiento de la violencia, que implicó llegar al homicidio, es relativamente reciente.

Mientras tanto, para la dirigencia nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI) esta permanente desaparición, secuestro y asesinato de migrantes, que se ha denunciado insistemente, es consecuencia del error que cometió el gobierno federal al declarar la guerra al crimen organizado sin contar con una estrategia.

Dijo que el INM, tal como ocurrió hace seis meses en San Fernando, Tamaulipas –donde fueron asesinados 72 migrantes centroamericanos–, evidencia nuevamente la incompetencia gubernamental, ahora con el secuestro de 80 personas indocumentadas en la comunidad de Medias Aguas, Veracruz.

Por su parte, el Partido de la Revolución Democrática (PRD) demandó se esclarezca el secuestro de por lo menos 130 migrantes centroamericanos en Veracruz, y condenó la falta de investigación al respecto por parte del gobierno federal.

Lucio Borreguin, secretario de Seguridad, Justicia y Derechos Humanos del partido del sol azteca, señaló que este asunto refleja el caos real en que se encuentra el país, mientras el presidente Felipe Calderón Hinojosa y el gobernador de Veracruz, Javier Duarte, aseguran que no hay ningún problema y que todo está bien.