La Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) aprobó por unanimidad reformas legales para sancionar con penas más severas a los padres de familia que por más de tres meses incumplan con el pago de la pensión alimentaria de sus hijos, a pesar de contar con el mandato de un juez.

De acuerdo con el dictamen, los padres incumplidos también serán exhibidos, ya que serán incluidos en un registro de deudores alimentarios morosos.

Las reformas, que alcanzan a los códigos Civil, de Procedimientos Civiles y Penal, así como a la Ley de Sociedad de Convivencia, elevan las penas corporales a los deudores alimentarios al fijar cárcel de tres a cinco años de prisión y una sanción económica que va de 100 a 400 salarios mínimos diarios.

En la actualidad, el Código Penal del Distrito Federal considera por esta omisión una pena corporal de seis meses a cuatros años o bien el pago de una multa de 90 a 300 días de salario.

Entre las modificaciones aprobadas está que entre los requisitos para contraer matrimonio se pedirá al juez civil que notifique a las partes si alguna está dentro del registro de deudores.

Durante la discusión, el diputado del PAN Carlo Fabián Pizano presentó reservas para hacer adiciones, y se determinó que el deudor alimentario se incluya en el buró de crédito y se notifique al Registro Público de la Propiedad, para saber si cuenta con bienes.

El Registro Civil será el responsable de llevar el listado de deudores y de expedir un certificado que informe quien se encuentra inscrito.

Julio César Moreno detalló que en la actualidad se tiene registro de 20 mil juicios de pensión alimentaria, de los cuales un número importante de obligados al pago han dejado de cumplir con ese mandato judicial, y dejan a los niños y adolescentes en estado de abandono, por lo que se busca ahora evitar esa situación.

Con estos cambios, agregó el legislador, se dotará al juzgador de herramientas, con el fin de que, de ser necesario, se coaccione al deudor a cumplir con esta obligación.