Ante la falta de seguridad para sus integrantes, el 24 de junio dejó de funcionar la Iniciativa Frontera Norte de México, en Nuevo Laredo, Tamaulipas, cuya misión era documentar las violaciones a garantías fundamentales de que son víctimas mexicanos deportados de Estados Unidos, tanto en aquel país como en territorio nacional.

Durante casi ocho meses, las organizaciones integrantes del proyecto esperaron respuestas de las autoridades a sus peticiones de protección. Hubo diálogo, pero ninguna acción concreta, ni siquiera para cumplir con las medidas cautelares solicitadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), afirmó Gabriela Morales, del Centro de Derechos Humanos del Migrante.

En conferencia de prensa, la activista comentó que el 27 de mayo tuvo lugar una reunión con representantes gubernamentales para ver cómo cumplir con las medidas cautelares. Pero el problema ya era grave, porque varios participantes de la iniciativa habían sido amenazados, víctimas de robo y agresiones cerca de sus domicilios.

Por su parte, Miguel Concha, director del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, destacó que las agresiones en contra de defensores de los derechos humanos van en aumento. En 2009 se reportó un caso, en 2010 fueron tres, pero en lo que va de 2011 ya suman siete denuncias. Recordó que la semana pasada reinició actividades el Centro de Derechos Humanos de la Montaña de Guerrero, Tlalchinollan, la que también por falta de seguridad cerró sus puertas hace dos años.

Concha Malo dijo que el aumento de la inseguridad y la presencia de grupos del crimen organizado en todo el país ha generado un contexto complejo y adverso para el trabajo de los defensores de derechos humanos, porque la guerra emprendida por el gobierno federal en contra de la delincuencia, además de ser errónea, provocó reacciones que las autoridades no habían previsto.

Entre ellas, que los grupos delictivos incursionaran en secuestros y extorsiones para subsistir. En este escenario, los migrantes se vuelven blanco fácil por la derrama económica que generan en su tránsito por territorio nacional. Refirió información de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), según la cual durante seis meses de 2009 se registraron casi 10 mil secuestros y casi la mitad de las víctimas entrevistadas dijo que funcionarios públicos estaban involucrados en su plagio.

Finalmente, sobre la situación de la Iniciativa Frontera Norte, Gabriela Morales explicó que las agrupaciones participantes se mantendrán con sus actividades de asistencia humanitaria y asesoría jurídica a los migrantes. Sólo a la Casa del Migrante en Nuevo Laredo llegan 50 personas a diario en busca de algún apoyo.