Aministía Internacional (AI) solicitó ayer al presidente Felipe Calderón que inicie una investigación civil para dar con el paradero de seis personas que fueron detenidas presuntamente por elementos de la Secretaría de Marina, y de quienes a casi un mes se desconoce su paradero.

El secretario general del organismo, Salil Shetty, envió una carta dirigida al Ejecutivo en la cual plantea la existencia de testimonios y fotografías que evidencian las desapariciones forzadas registradas entre el primero y 5 de junio en Nuevo Laredo, Tamaulipas.

Diversas autoridades han tomado conocimiento de las denuncias de familiares y amigos de los desaparecidos. El pasado día 15, solicitaron ayuda al gobernador de la entidad, Egidio Torre Cantú, a fin de que los jóvenes sean presentados y sometidos a juicio si es que cometieron algún delito.

A su vez, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) abrió una investigación sobre el caso y de igual forma se presentó una denuncia ante la Procuraduría General de la República (PGR). Sin embargo, nada se ha resuelto.

Ante esta situación, ayer Amnistía Internacional subrayó que como comandante supremo de las fuerzas armadas mexicanas, la cadena de comando termina en el presidente Felipe Calderón. Él ordenó a esas fuerzas participar en el combate contra la delincuencia organizada y es el último responsable de cualquier abuso cometido contra los derechos humanos.

Por ello, agregó, le corresponde a Calderón garantizar que se conozca el paradero de las personas y que los tribunales civiles se encarguen de hacer rendir cuentas a los responsables de las desapariciones de José Fortino Martínez, José Cruz Díaz Caramillo, Joel Díaz Espinoza, Martín Rico García, Diego Omar Guillen Martínez y Osiel Gómez Rivera.

En cuatro de estos casos, personal no uniformado de la Marina sacó a los hombres de sus casas y los transportó en vehículos oficiales. En una ocasión familiares siguieron al convoy hasta las puertas de una base militar cercana, indicó AI.

No obstante, en días pasados la Secretaría de Marina rechazó que sus elementos hayan participado en tales aprehensiones. En cambio, fuentes de la dependencia mencionaron que la supuesta presencia de marinos en los hechos estaría vinculada con el uso de uniformes apócrifos de la Armada y recordaron que hace unas semanas se decomisaron algunos en Coahuila.

La información con que cuenta Amnistía Internacional sobre el caso es que los detenidos fueron interrogados con respecto a la posesión de drogas y armas, pero nunca se mostró una orden de arresto u otra justificación para su detención.

Además, una organización de derechos humanos en Nuevo Laredo ha recibido durante este mes reportes de otras ocho desapariciones forzadas que los familiares no han denunciado por miedo a represalias.

Destacó que a pesar de las denuncias presentadas ante autoridades locales y nacionales, el paradero y las condiciones en las que se encuentran los detenidos continúan sin conocerse. De acuerdo con las familias, la investigación iniciada por la PGR tampoco ha mostrado avances significativos.

El organismo internacional recordó que México se ha adherido a varios tratados internacionales para poner fin a las desapariciones forzadas, pues constituyen una grave violación al estado de derecho y pueden considerarse crímenes de lesa humanidad.

México se enfrenta a una compleja situación de seguridad, pero eso nunca justifica que las autoridades cometan o ignoren serias violaciones a los derechos humanos, señaló Javier Zúñiga, asesor especial de AI.

Y concluyó: El presidente Felipe Calderón Hinojosa debe enviar un mensaje fuerte y claro de que las desapariciones forzadas y otras violaciones a los derechos humanos por parte de las fuerzas armadas no serán toleradas en México.