Guadalajara, Jal., 28 de junio. La Comisión de Vigilancia del Congreso local decidió mantener a Alonso Godoy Pelayo al frente de la Auditoría Superior del Estado de Jalisco (ASEJ), pese a las acusaciones de que cobró casi 10 millones de pesos adicionales a su sueldo en las dos legislaturas anteriores, pese a que la Ley de Servidores Públicos de la entidad prohíbe que los funcionarios reciban bonos y pagos extraordinarios.

Los diputados priístas Ana Bertha Guzmán Alatorre, Salvador Barajas del Toro, Patricia Retamoza Vega, Elisa Ayón Hernández, Roberto Marrufo Torres, Noé Pérez de Alba y Omar Hernández Hernández, además de la perredista Olga Araceli Gómez Flores, votaron a favor de dejar a Godoy Pelayo como auditor.

Guzmán Alatorre argumentó que no se podía destituir a Godoy Pelayo debido a que podría demandar al Congreso local por despido y ganar el juicio, lo cual implicaría pagar millones de pesos en salarios caídos.

Los panistas Isaías Cortés Berumen y Alfredo Argüelles Basave abandonaron la reunión porque la discusión fue un teatro, según Berumen, quien acusó al dirigente estatal del Partido Revolucionario Institucional, Rafael González Pimienta, de haber dado instrucciones a sus diputados para mantener a Godoy en la ASEJ.

Iván Argüelles Sánchez, dirigente estatal del Partido Acción Nacional, anunció que evaluará la permanencia de sus legisladores en la Comisión de Vigilancia del Poder Legislativo estatal. Los diputados del PAN no se van a prestar a una farsa. El partido ha tenido una postura muy clara: que el auditor deje el cargo.

Sólo un voto en contra

Enrique Aubry de Castro, del Partido Verde Ecologista de México, fue el único que votó en contra de la permanencia de Alonso Godoy y llamó cobardes a los panistas por haber intentado reventar la sesión.

En febrero, en una comparecencia ante los diputados locales, Alonso Godoy aseguró que los pagos por casi 10 millones de pesos que recibió durante las legislaturas 57 y 58, adicionales a su sueldo, fueron legales.

Un informe del área jurídica del Congreso avaló la legalidad de dicho pago, con el argumento de que fue un acuerdo entre partidos antes de que entraran en vigor las modificaciones a la ley estatal de servidores públicos; además, al funcionario se le debían vacaciones, detalló el documento.

La semana pasada, organizaciones civiles se manifestaron a las puertas del Congreso de Jalisco para exigir la destitución de Godoy.