Charleston, 27 de junio. La gobernadora de Carolina del Sur, Nikki Haley, firmó hoy aquí una ley antimigrante que autoriza a la policía local a interceptar e interrogar a presuntos indocumentados que residan y trabajen en este estado del noreste estadunidense, que en los años de la guerra civil (1861-1865) combatió al lado de los esclavistas.

La legislación S20 fue aprobada el martes pasado por la Cámara de Representates del estado, días después de ser sancionada por el Senado estatal. Tras se ratificada por la gobernadora de extracción republicana, quien comenzó su mandato hace seis meses, se prevé que la norma entrará en vigor el primero de enero de 2012.

Esta legislación ordena a todas las empresas establecidas en el estado que verifiquen la ciudadanía o residencia legal de empleados y candidatos para empleo en el sistema federal conocido como E-Verify.

También manda la formación de un cuerpo especial de 12 policías estatales que servirían de enlace con las autoridades federales de migración, y señala que la policía puede verificar el estatus migratorio de toda persona que haya sido arrestada por cualquier razón y sea sospechosa de estar ilegalmente en el país.

Carolina del Sur se sumó así a un grupo de seis estados –Arizona, Texas, Utah, Indiana, Georgia y Alabama– que en el contexto de la crisis económica estadunidense, desatada entre 2007 y 2008, han introducido cambios legales para expulsar migrantes y castigar compañías que los contraten, muchas vinculadas con los servicios y la producción agropecuaria.

La ley SB 1070 de Arizona fue la primera ley antimigrante aprobada en un estado, luego de varios intentos en esa entidad y en California. La legislación fue sancionada el 23 de abril de 2010 por la gobernadora republicana Jan Brewer, a pesar de las protestas en las principales ciudades de ese estado, Phoenix y Tucson, así como en otras localidades de Estados Unidos.

No obstante la tendencia antimigrante en sectores políticos y legislativos estatales, el juez federal Thomas Thrash, con base en Atlanta, dispuso hoy suspender partes de la ley antimigrante HB 87 de Georgia, que podrían ser inconstitucionales, relativas a las nuevas atribuciones de la policía para detener presuntos indocumentados. La norma, que entraría en vigor el primero de julio, fue bloqueada al igual que las leyes similares de Arizona, Utah e Indiana.

El magistrado congeló parcialmente los efectos de la norma al dar curso a una demanda presentada por organizaciones de migrantes y derechos civiles, que argumentan que la ley HB 87 interfiere con la autoridad federal en materia migratoria.

La demanda fue apoyada por el gobierno de México con un escrito que presenta argumentos jurídicos, en calidad de amigo de la corte (amicus curiae). Esta iniciativa fue respaldada por los gobiernos de El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Perú, entre otros.

Esta norma fue motivo de controversia y debate en medios locales, debido a que los agricultores de Georgia dijeron que con motivo de la aprobación de la HB 87 se registró escasa oferta de trabajo para recolectar cosechas. En este ambiente, el músico de origen mexicano Carlos Santana denunció la ley como contraria a los valores tradicionales de la sociedad estadunidense.