Buenos Aires , 27 de junio. Gran impacto regional tuvo la decisión del presidente de Uruguay, José Mujica, de anunciar hoy un decreto que anula todos los actos administrativos de los gobiernos que lo antecedieron ejecutados al amparo de la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado, que impidieron juzgar los crímenes cometidos durante la dictadura (1973-1985).

La decisión permitirá reabrir casos vinculados con la violación a los derechos humanos. El Ejecutivo estima que se hablitaría la apertura rápida de 88 casos incluidos en la ley de caducidad.

El anuncio fue hecho en Montevideo por el secretario de la Presidencia, Alberto Breccia, al cumplirse 38 años del golpe militar. Según dijo, con esa disposición se cumple un mandato ético y lo que determina la reciente sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

El decreto se emitiría el próximo jueves o viernes, ya que pueden existir situaciones particulares en las que los denunciantes prefieran no excluir sus casos. Aclaró que el Ejecutivo no entra en competencia con el Poder Judicial, el cual tendrá que disponer si hay mérito o son cosa juzgada esas causas.

La organización HIJOS de Uruguay entregó hoy una petición, en la cual solicita a la presidencia revocar, con efecto retroactivo, todas las disposiciones actuadas al amparo de la Ley de Caducidad sobre violaciones a los derechos humanos.

El representante de HIJOS, Valentín Enseñat, manifestó que el fallo de la CIDH en la causa “Gelman vs Uruguay”, por la cual se condenó al Estado uruguayo y se recomendó dejar sin efecto la ley de caducidad, es el argumento perfecto para que el gobierno asuma su responsabilidad y derogue dichos actos administrativos.

Pero de alguna manera, sin derogar aún la ley de caducidad, el gobierno de Mujica buscaría los caminos de la justicia, tan esperada en ese país.

Ya el pasado 17 de junio varios senadores del gobernante Frente Amplio solicitaron a la Presidencia copia de los 88 casos amparados en la ley de caducidad, con la intención de solicitar su derogación.

Ello creó una fuerte esperanza en las familias de las víctimas de la pasada dictadura, quienes emprendieron numerosas acciones. Incluso, durante las últimas elecciones presidenciales se incluyó un plebiscito para la anulación de la ley de caducidad, pero por uno o dos puntos no se logró la mayoría necesaria. Este año hubo hondas diferencias en el Frente Amplio cuando se debatió la derogación en el Congreso, lo que no se logró por la deserción de un diputado frenteamplista, que provocó una de las marchas de protesta más importante en los últimos años.

El periodista Roger Rodríguez, quien trabaja en derechos humanos y pudo acceder a importantes archivos, comentó a La Jornada que el Estado acaba de asumir su responsabilidad. El Poder Ejecutivo hizo lo que tenía que hacer. Ahora tienen que actuar el Legislativo y el Judicial, sostuvo.

Desde su punto de vista, se debe producir un gran cambio en materia de justicia. Se refiere al caso de militares como el ex coronel José Nino Gavazzo y otros implicados en la Operación Cóndor, quienes fueron juzgados en varias causas por crímenes de lesa humanidad y desapariciones forzadas (en 2006), pero están condenados por homicidios agravados, lo cual no es un delito imprescriptible.

También preocupa que la Suprema Corte de Justicia no declarara delitos de lesa humanidad las torturas y asesinatos cometidos durante la dictadura, todo lo cual originará profundos debates jurídicos, pero el paso que se ha dado es más que significativo.

Está en manos de la justicia corregir estas situaciones que podrían retrasar los juicios. En ese sentido se recuerda la lucha librada por la fiscal Mirtha Guianze, quien logró, pese a todos los obstáculos, sentencia de prisión contra dos ex presidentes de facto: Juan María Bordaberry y el ex general Gregorio Álvarez. Demostró incluso, con la ley de caducidad de por medio, que había posibilidad de utilizar instrumentos legales para obtener resultados. Pero no son suficientes.

Guianze estima que para que se logre justicia es imprescindible que se reconozcan los graves delitos de la dictadura –desapariciones forzadas, torturas y otros, como crímenes de lesa humanidad– y, por tanto, se declaren imprescriptibles para que haya retroactividad y no se intente evadir los juicios con el argumento de que son cosa juzgada, como pretenden algunos defensores de los militares acusados. Los familiares están en pie de lucha para no perder este momento histórico.

De acuerdo con el diario conservador El País, los soldados consideran inconstitucional reabrir las investigaciones amparadas en la ley de caducidad. Sostienen que los representantes de los principales centros militares coincidieron en que se trata de un recurso inconstitucional y que el gobierno es presionado para avanzar en ese tema.