El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) investiga la evolución patrimonial y las cuentas bancarias de tres magistrados de un tribunal colegiado de circuito en materia civil, a quienes un particular acusó ante la Judicatura de incurrir en presunto tráfico de influencias para favorecer al político Jorge Kahwagi Macari, en un juicio que concluyó hace cuatro meses a favor del legislador, revelaron a La Jornada fuentes del órgano administrativo y disciplinario de los jueces y magistrados.

Kahwagi Macari resultó vencedor en un litigio que, de haberlo perdido, le hubiera implicado el pago de más de 30 millones de pesos a un comerciante al que el político le debe un préstamo.

La queja contra los magistrados Walter Arellano Holbelsberger, María Soledad Hernández y Juan Francisco Sánchez refiere que los juzgadores supuestamente actuaron con dolo y mala fe en contra de las constancias probatorias de autos judiciales, con el claro propósito de favorecer a la parte demandada (Kahwagi Macari).

Desde que el CJF determinó revisar la evolución patrimonial de los jueces y magistrados, los consejeros optaron por investigar las cuentas bancarias de los servidores públicos que enfrenten algún tipo de queja administrativa en la que se cuestione la probidad de algún funcionario judicial.

Hace cuatro meses, el quinto tribunal colegiado en materia civil confirmó una sentencia que absolvió al presidente del Partido Nueva Alianza (Panal), Jorge Kahwagi Macari, de pagar más de 30 millones de pesos a un particular por un préstamo realizado hace diez años. Este pleito judicial se originó por un préstamo a réditos realizado hace 10 años a Kahwagi Macari por el comerciante Alfredo Karam, el cual fue por un monto de un millón 600 mil pesos, que sería liquidado en un plazo de seis meses, quedando en garantía una casa de Bosques de Las Lomas. Sin embargo, como el pago no se realizó durante todo este tiempo, ahora el adeudo está estimado en casi 33 millones de pesos por los intereses generados.

Durante el conflicto, Karam Valdés fue acusado del presunto delito de fraude procesal por el dirigente partidista, pero tras cuatro meses en prisión fue declarado inocente y dejado en libertad.