Ocosingo, Chis., 24 de junio. Todo parecía listo para la construcción de un complejo hotelero en la laguna de Miramar, en Montes Azules, y la Secretaría de Turismo (Sectur) hablaba de terminar este mismo año. En tanto, la comunidad Emiliano Zapata, donde se realizaría la obra, se encuentra dividida y sin consenso. Según los que aún se oponen, los promotores del proyecto son las anteriores autoridades ejidales y representan una minoría. Más aún, se teme que tales autoridades hayan recibido ofrecimientos de recompensa por conseguir que pasara la propuesta. Por ahora, el proyecto fue suspendido ante la falta de acuerdo.

Según el plan oficial, el uso de tierras y la explotación turística de la laguna de Miramar tendrá tres etapas. Los diez primeros años, los empresarios turísticos serán inamovibles de la administración del complejo; la Sociedad de Ecoturismo de los ejidatarios podrá formar parte de la administración y recibirá 10 por ciento de las ganancias (descontando los gastos del hotel, que según lo último de Sectur no pasaría de un conjunto de cabañas, nada más). Posteriormente, los ejidatarios tendrán la opción de administrar el complejo, siempre y cuando se hayan capacitado. De no hacerlo, la administración del complejo quedará en manos de los mismos u otros empresarios los siguientes 10 años. Hacia 2031 nuevamente se abrirá la posibilidad del cambio de administración, antes del último periodo de posesión contemplado en el convenio, en 2042.

Ante la propuesta, los ejidatarios efectuaron varias asambleas. El principal temor de muchos era perder el control de sus tierras, que los empresarios se sintieran dueños y ellos se convertirían en sus mocitos, quedando al margen de las verdaderas ganancias. En una reunión con Sectur, el año pasado, rechazaron el proyecto. De acuerdo con el testimonio de ejidatarios, “la licenciada Mónica (funcionaria encargada de la negociación), antes de subirse al helicóptero que siempre la traía nos dijo, molesta: ‘está bien, si no quieren ser razonables, entonces el proyecto se hará en la comunidad de Benito Juárez’”. La funcionaria aseguró que allí los ejidatarios sí aceptarían la propuesta, pues solicitaban proyectos similares. Benito Juárez, considerado irregular por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), también posee terrenos en la laguna. Según los de Zapata, allí sería más larga la carretera proyectada.

La funcionaria dio un ultimátum, y la asamblea se reunió nuevamente. El grupo proclive al proyecto logró su aprobación, tras una discusión que describen como ríspida, por mayoría de votos en la asamblea (que deja fuera a mujeres y jóvenes sin tierra). Al cumplirse el plazo, los ejidatarios comunicaron telefónicamente a Sectur la aceptación del proyecto. La funcionaria regresó llena de júbilo y a principios de 2011 se firmó el convenio entre autoridades ejidales, Sectur y empresarios.

Semarnat ha reconocido en documentos públicos que la reserva de Montes Azules es un caso exitoso de conservación, entre otros factores por la generación de proyectos de desarrollo que vinculan a la población local con la preservación del entorno. Entonces, se preguntan los ejidatarios, ¿por qué nos negaron siempre nuestras cabañas y ahora traen un macroproyecto que nos convierte a los dueños de estas tierras en empleados de una empresa instalada en el ejido?.

Según sus críticos, el proyecto de Sectur, aprobado por Semarnat, no se propone generar mecanismos para un desarrollo sustentable y duradero de la población, sino obedece a planes de largo plazo que aseguren el control empresarial de espacios estratégicos. El complejo por construirse no garantiza fuentes de ingreso seguras y dignas para los campesinos, ni les asegura control sobre sus territorios. Antes bien reproduce un modelo que divide a quienes administran los bienes y conservan 90 por ciento de las ganancias, y quienes hacen trabajos precarios y se reparten el resto.

Tampoco parece pesar la consideración de que las familias tengan al menos a uno de sus miembros como ilegal en Estados Unidos. Según el informe de un investigador del Instituto Nacional e Antropología e Historia que solicitó anonimato (La Jornada 22/06/11), las enormes carencias de la población ubicada en las zonas megadiversas se tornan parte de los elementos que permiten a las autoridades presionar a los pobladores, para aceptar posiciones secundarias en sus tierras y en los proyectos que ellos mismos han gestionado.