La Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Diputados informó que el crimen organizado ha reclutado al menos a 23 mil jóvenes durante la actual administración federal. El impacto de la cultura del sicariato y del narcotráfico en los jóvenes debe asumirse como una consecuencia directa de la falta de efectividad de las políticas gubernamentales para la atención de este sector, refiere un documento de trabajo elaborado en el seno de ese grupo de legisladores.

El PRI en San Lázaro utilizó el resultado de ese trabajo para señalar que la constante aparición de jóvenes al servicio de grupos de criminales hace por demás evidente que los niños que tenían entre cinco y 10 años cuando el PAN arribó al poder en 2000 son actualmente los protagonistas del drama que vive el país, ya sea en la fila de las víctimas o en la de los victimarios.

A los 23 mil jóvenes que ingresaron al crimen organizado también se suma un saldo de 10 mil menores huérfanos, 120 mil personas desplazadas y mil 200 menores de edad muertos.

Si tomamos en cuenta las edades que se calcula tienen estos jóvenes atrapados en las redes de las organizaciones delictivas, podemos revisar que su infancia y adolescencia se han desarrollado bajo la última década de administraciones panistas y que las políticas públicas y programas a ellos dirigidos han fracasado, ya que no se les ha podido otorgar un futuro ni laboral, ni escolar, ni de seguridad, ni cultural o recreativo suficientes, lo cual los ha hecho presa del flagelo del crimen organizado, insistió el PRI.

Los priístas en la Cámara de Diputados demandaron al Instituto Mexicano de la Juventud un informe amplio, puntual y detallado donde explique cuáles son las políticas, programas y acciones específicas que dicho organismo ha implementado para el desarrollo de la juventud del país, particularmente aquellas que haya diseñado o puesto en marcha en el contexto de la estrategia impulsada por el actual gobierno federal en contra de la delincuencia organizada.

Detrás del fenómeno de abandono social de las instituciones del Estado se encuentra la desigualdad social, el desempleo, el fracaso del sistema educativo y, muy particularmente, la falta de políticas públicas focalizadas y efectivas para ofrecer oportunidades a este sector de la población, que orillan a muchos jóvenes a incorporarse a actividades delictivas.

Es evidente que la juventud del país se ha visto afectada por el desarrollo de la actual estrategia de combate a la delincuencia y al narcotráfico impulsada por el actual gobierno, tanto desde la perspectiva de las víctimas como de los victimarios.