A 25 años de que México ratificara la Convención de Naciones Unidas contra la Tortura, esta práctica sigue cometiéndose de forma generalizada con total impunidad, y no sólo como método para fabricar culpables, sino también para desmovilizar a las organizaciones sociales mediante el terror, afirmaron activistas de grupos especializados en el tema.

En el Día Internacional de Naciones Unidas en Apoyo a las Víctimas de la Tortura, llamaron a erradicar esta práctica en el país, en la cual suelen estar involucrados miembros de las fuerzas de seguridad.

Felicitas Treue, del Colectivo contra la Tortura y la Impunidad, lamentó que a pesar de que el Estado mexicano ha firmado y ratificado convenios internacionales contra ese fenómeno, sigue sin investigar las denuncias al respecto.

Junto con la figura inaceptable del arraigo, las detenciones arbitrarias, la permanencia del fuero militar y la fabricación de culpables, la impunidad sigue creciendo, en abierto desafío a las observaciones de varios organismos internacionales, afirmó.

Sara Méndez, de la organización Código DH, denunció que en Oaxaca el gobierno local ha utilizado la tortura como un método de control del descontento social y la ha convertido en una herramienta del terrorismo de Estado que actualmente se perpetra en todo el país.

Uno de los subterfugios que utilizan de forma común los organismos de seguridad pública, dijo, es eliminar de sus registros la tortura haciéndola pasar por delitos menores, como lesiones, y de esa forma nunca admitir que cometen dicha práctica ilegal.

César Pérez Verónica, del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, afirmó que en Jalisco se vive una situación similar. Citó por ejemplo la represión contra grupos altermundistas en mayo de 2004, y deploró que la Comisión Estatal de Derechos Humanos sea cómplice de estas irregularidades.

Jorge Hernández, del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, apuntó que en Chiapas los cuerpos de seguridad también han asumido la tortura como una práctica común de investigación, aunque celebró que cada vez haya más conciencia entre las víctimas sobre la importancia de denunciar.

Luego de una mesa redonda sobre las características que ha asumido este fenómeno en décadas pasadas y en la actualidad –en la cual participaron Carlos Fazio, articulista de La Jornada; Alberto Limón y Fernando Valadez–, hubo un foro donde sobrevivientes de dichos maltratos hablaron sobre sus casos.

Italia Méndez, una de las mujeres que sufrieron agresiones sexuales durante la incursión policiaca del 3 y el 4 de mayo de 2006 en San Salvador Atenco, afirmó que uno de los primeros pasos para superar las huellas sicológicas que quedan después de una experiencia de ese tipo es admitir que es dolorosa y que el ser humano es vulnerable, y a partir de ahí comenzar a reconstruirse emocionalmente.

Ramsés Villarreal Gómez, detenido de forma arbitraria en septiembre de 2009 y acusado de organizar ataques con explosivos contra sucursales bancarias, expuso la forma en que la policía lo maltrató física y sicológicamente, y denunció la criminalización de los movimientos sociales.

Marcelino Coache, ex portavoz de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, hizo un recuento de los tres episodios de tortura que ha vivido. Con la voz quebrada por momentos, afirmó que a pesar de los sufrimientos, es mejor seguir en la lucha que permanecer callados.

Jacobo Silva Nogales, ex militante del Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente, mencionó que pese a los efectos negativos de esta práctica, es posible sobrevivir a ella sin dejar de ser uno mismo, y aunque el miedo deja rastros, también queda la satisfacción de no claudicar.

Al término del foro se expusieron los casos de Dellonce Pérez González, fabricado como culpable de narcotráfico por la policía de Querétaro, y de cinco hombres torturados por las autoridades de Tlaxcala para que se inculparan del cargo de secuestro.