En lo que va de la presente administración, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) ha reconocido 44 asuntos en los que, debido a la violación de los derechos humanos de civiles en acciones en contra del narcotráfico, aceptó la reparación del daño moral y material de las víctimas.

De acuerdo con información proporcionada por la dependencia, derivadas de estos asuntos se han iniciado acciones penales y administrativas en contra de 223 militares. Sin embargo, hasta la fecha ninguno de los procesados tiene el rango de general y ningún soldado ha sido sentenciado como resultado de las recomendaciones hechas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) al Ejército Mexicano.

En lo que va del presente año, la Defensa Nacional ha abierto cinco causas penales relacionadas con la muerte de cinco civiles y lesiones en contra de otros nueve, por hechos ocurridos en operativos antidrogas en Guerrero, Nuevo León, Tabasco y Chiapas.

La Sedena señala en el documento que para garantizar la seguridad interior del país, actualmente mantiene el despliegue de 24.53 por ciento (casi 50 mil elementos) del total del personal del Ejército y Fuerza Aérea mexicanos en operaciones en contra de la delincuencia organizada, con prioridad en aquellos estados donde se han incrementado las acciones delictivas.

Narcoreclamos

Añade que como consecuencia de las acciones que realiza, y que afectan la estructura financiera e intereses de la delincuencia organizada, existen quejas que son presentadas por sus integrantes para desprestigiar al instituto armado y de esta forma limitar sus operaciones. No obstante, afirma, cuando algún integrante del Ejército y Fuerza Aérea se ve involucrado en presuntas violaciones a los derechos humanos, la Defensa Nacional atiende de manera inmediata las quejas presentadas y recomendaciones emitidas por la CNDH.

En este sentido, destaca en su último reporte que de las 5 mil 55 quejas recibidas en la CNDH contra la Sedena en lo que va de la administración, se han emitido 79 recomendaciones, es decir que 1.56 por ciento de la totalidad de las quejas han concluido en recomendación.

La dependencia señala en su más reciente informe que como resultado de las operaciones contra el crimen organizado, 150 militares son investigados por delitos cometidos en agravio de civiles, de los cuales 17 son jefes (coroneles, tenientes coroneles y mayores), 25 oficiales (capitanes, tenientes y subtenientes) y 117 elementos de tropa (soldados y cabos). Los militares son investigados en causas penales que se abrieron a partir de 13 recomendaciones de la CNDH. En tanto, 54 militares están bajo proceso, de los cuales uno es jefe, 10 oficiales y 43 elementos de tropa.

Las averiguaciones previas iniciadas por la Procuraduría General de Justicia Militar en el presente año tienen que ver con los siguientes asuntos:

La noche del 20 de junio de 2009, en la carretera federal Chilpancingo-Las Peñas-Puebla, a la altura del crucero hacia Santa Cruz, un retén militar le marcó el alto a un camión de pasajeros.

Elementos del 93 Batallón de Infantería de la 35 Zona Militar con sede en Chilpancingo, Guerrero, le pidieron a los pasajeros que descendieran, los revisaron y se detuvo a una persona del sexo masculino, quien fue puesto a disposición del Ministerio Público por su probable responsabilidad en el delito de uso indebido de uniformes oficiales y condecoraciones. Al terminar la revisión el chofer arrancó y debido a que no hizo caso a las indicaciones, personal militar disparó sus armas contra el vehículo, matando a una persona.

El 5 de septiembre de 2010, durante un reconocimiento sobre la carretera Monterrey-Nuevo Laredo, personal militar realizó disparos de arma de fuego contra los ocupantes de un vehículo particular, falleciendo dos civiles y resultando lesionadas seis personas más.

El 30 de septiembre de 2009, funcionarios del municipio de Emiliano Zapata, Tabasco, denunciaron que durante una revisión de rutina de armamento, llegaron diez personas cubiertas del rostro llevándoselos detenidos a instalaciones militares en donde, presuntamente, fueron objeto de malos tratos.

La dependencia abrió una averiguación también derivada de una nota periodística que da cuenta de que un civil murió durante un enfrentamiento entre miembros de la delincuencia organizada y el Ejército. El reporte no precisa el lugar de los hechos.

El último asunto tiene que ver con lo ocurrido el 18 de septiembre de 2009, cuando los quejosos viajaban alrededor de las 20:30 horas en una camioneta, cuando a la altura del municipio de Comitán de Domínguez, en el estado de Chiapas, al parecer un retén militar les marcó el alto, y al no detenerse les dispararon, falleciendo en el lugar uno de los ocupantes de la camioneta, y tres más resultaron heridos por disparo de armas de fuego. La causa penal está abierta.