oy Salvador Campanur Sánchez, pertenezco al pueblo indigena purépecha de Cherán, Michoacán, no tomo la palabra para hablar sólo por mi pueblo, sino por todos mis herman@s. Somos una voz de los pueblos, naciones y tribus indígenas de nuestro país que nos hemos encontrado en el camino de este Movimiento por la Paz y la Justicia con Dignidad.

Tenemos diferentes lenguas e identidades, compartimos los agravios: el despojo, el saqueo y la destrucción de nuestro territorio; la negación de nuestra identidad y la violencia sistemática de gobernantes, empresas rapaces y criminales. A nosotros nos agreden las autoridades que desconocen nuestro derecho a la autonomía y libre determinación, criminalizan nuestras luchas, roban nuestras riquezas y aplican una política nacional de exterminio contra nosotros. La agresión del Estado y sus cuerpos represivos se suma a la violencia impune de grupos paramilitares y de una criminalidad que cuenta siempre con el cobijo de las autoridades y la impunidad del sistema de justicia.

Nosotros reafirmamos los acuerdos de San Andrés como el punto de partida para el desarrollo digno de los pueblos originarios de méxico; ustedes, quienes dicen gobernar, además de faltar a la palabra empeñada, se han propuesto legislar en nuestra contra y han reformado la Constitución con el único interés de negarnos como sujetos de derecho público, para que nuestras riquezas pasen a las empresas privadas y trasnacionales.

Nosotros cuidamos los bosques y ustedes protegen a los talamontes; mientras nosotros cuidamos la madre tierra, ustedes abren el camino a las mineras trasnacionales que destruyen los montes y envenenan el agua, como sucede ahora mismo en San Luis Potosí, Durango y Guerrero, entre otros estados; con esto destruyen el futuro de nuestros hijos.

Los efectos de la devastación ecológica y el cambio climático son resposabilidad de ustedes, el resultado de estas políticas que han impulsado se traduce en el exterminio de pueblos y abre el camino a la migración, a la destrucción del tejido social; las instituciones y sus programas de dominacion generan el enfrentamiento entre pueblos, naciones y tribus.

En esta guerra injusta, nosotros, como pueblos indígenas, no sólo somos víctimas de la delincuencia organizada sino también de la violencia institucional del Estado mexicano, quien no reconoce nuestros derechos ancestrales y nuestras formas de organización. Por ello exigimos el reconocimiento constitucional de todos nuestros derechos y el cumplimiento de los acuerdos de San Andrés.

Cuando una comunidad indígena se enfrenta al crimen organizado nos topamos con la complicidad del gobierno y no encontramos protección para nuestros herman@s que valientemente han decidido denunciar ante las autoridades a estos criminales, pues no existe en el sistema de justicia un mecanismo concreto para proteger a las personas que denunciamos.

El gobierno también ejerce una forma de violencia cuando criminaliza nuestros sistemas de autodefensa y persigue a nuestros herman@s como si fueran delincuentes, sin considerar que esa forma de organización es una costumbre ancestral que hoy más que nunca toma vigencia ante la ausencia de protección y seguridad por parte del Estado mexicano. Por ello exigimos el reconocimiento de nuestros sistemas de autodefensa y de nuestras guaradias comunitarias.

Una violencia específica que sufrimos los pueblos indígenas es la que ejercen los grupos paramilitares que, a diferencia de la delincuencia organizada, son financiados, fomentados y protegidos por las autoridades. Por ello exigimos la desarticulación, el desarme y la desmovilización de todos los grupos paramilitares que existen en nuestro país y particularmente en nuestros territorios.

Ante todo esto exigimos como una muestra mínima de que ha escuchado nuestra voz:

1. Cumplimiento de los acuerdos suscritos entre las autoridades federales y la comunidad indígena de Cherán en materia de protección y justicia para desmantelar a los grupos criminales que la acechan.

2. Cumplimiento del Pacto Haurra Manaka, firmado en el año 2008 para la preservación de los lugares sagrados del pueblo wirrárika, y cancelación de las 22 concesiones otorgadas a la minera Ferst Majestic Silver en Wirikuta.

3. Garantizar el derecho al agua de los pueblos y comunidades indígenas del estado de Morelos y el respeto absoluto del territorio y los recursos naturales de los 13 pueblos que se surten de los manantiales Chihuahuita, El Salto, El Zapote y Santa Rosa, y esclarecimiento de los asesinatos de los indígenas morelenses Miguel Ángel Pérez Cazales y Rubén Flores, de las comunidades de Santa Catarina y Coajomulco.

4. Esclarecimiento del asesinato de nuestra hermana Bety Cariño y nuestro hermano Jyri Jaakkola, defensores de derechos humanos asesinados en la caravana humanitaria del 27 de abril de 2010 en San Juan Copala, y desmantelamiento y castigo del grupo paramilitar Ubisort.

5. Cumplimiento de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de Inés Fernández y Valentina Rosendo, hermanas indígenas violadas por militares.

6. Basta de agresiones y hostigamientos a la comunidad de Ostula, Michoacan, y a las comunidades zapatistas.

* Testimonio presentado este 23 de junio en el encuentro del Movimiento por la Paz y la Justicia con Dignidad y el gobierno federal.