Manuel Espino Barrientos, ex dirigente del Partido Acción Nacional (PAN), denunció ante la Organización de Estados Americanos (OEA) al gobierno del presidente Felipe Calderón, al cual acusó de amenazar a la joven democracia mexicana al judicializar la política y politizar la justicia en detrimento de las libertades de los ciudadanos.

En el texto de denuncia sostiene que académicos, editorialistas y políticos han señalado que algunas instituciones encargadas de procurar justicia y de trabajar por la seguridad pública han sido manipuladas con intenciones electorales y partidistas.

Afirma en el documento que repetidamente y en todas las regiones del país se ha hablado del uso de las fuerzas armadas como herramienta de legitimación política. También se ha denunciado la conducción de estrategias contra el crimen organizado con fines políticos y el arresto de personas durante momentos clave de campañas electorales, agrega.

Condena que algunos de sus líderes (del PAN) acosen y persigan a quienes expresan opiniones discrepantes y ejerzan presión tanto desde organismos del partido como gubernamentales.

“Entre los numerosos casos de acoso a militantes se encuentra el mío, que puede considerarse ejemplar: se busca expulsarme del PAN porque me inconformé por acciones arbitrarias de algunos dirigentes, mismas que han dañado al sistema de partidos.

“Es significativo del clima de censura que existe en México que en el expediente que se armó ex profeso para expulsarme se afirme, literalmente, que incurrí en un ‘abuso de libertad de expresión’.”

Refiere que acudió ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para defender su caso.

Sin embargo, el tribunal con frecuencia es presionado desde el gobierno federal y otras instituciones del Estado para que tome sus decisiones con base en criterios políticos incompatibles con la justicia constitucional.

Asegura que el clima político se ha descompuesto tanto y las acciones de coacción se han recrudecido a tal nivel que ya ninguna institución está a salvo de la pesada mano gubernamental.

Espino explica que plantea esta preocupación a la OEA en busca de que la comunidad internacional se mantenga atenta al acelerado deterioro de las libertades democráticas en México.

Estamos en un sexenio negro para la libertad de expresión, acusa, ya que en la presente administración 53 periodistas han sido ejecutados y 11 más han desaparecido. El asesinato se ha convertido en la más brutal de las mordazas, asevera.