n un discurso pronunciado durante su participación en la Conferencia Internacional de Apoyo a la Estrategia de Seguridad en Centroamérica, que se celebra en Guatemala, el titular del Ejecutivo federal, Felipe Calderón Hinojosa, exhortó al gobierno de Estados Unidos a revisar a fondo los paradigmas de la lucha contra las drogas, que hasta el momento está visto que tiene debilidades evidentes, e insistió en sus demandas de que Washington reduzca el consumo de estupefacientes ilícitos dentro de su territorio –el cual es terriblemente alto– e incremente sus esfuerzos por frenar el flujo de armas hacia el sur del río Bravo. Asimismo, pidió a los grandes países consumidores de drogas ilícitas que aumenten los recursos para cooperación internacional en materia antidrogas, recursos que, dijo, deben ser por lo menos equivalentes al flujo de dinero en dólares que los criminales reciben como resultado de sus actividades.

Es pertinente recordar que, en contraste con su llamado de ayer a revisar los paradigmas del combate a las drogas, Calderón rechazó, hace unos días, el planteamiento de la Comisión Global de Políticas sobre Drogas de dar un giro radical en la concepción del combate internacional contra los estupefacientes ilícitos. En todo caso, las quejas del gobernante mexicano parecen apuntar a que, dentro de los paradigmas actuales, en cuya defensa se ha atrincherado la administración federal mexicana, los países consumidores, con Estados Unidos a la cabeza, no están haciendo la parte de la tarea que les corresponde: reducir el consumo, evitar el tráfico de armas y enviar más dinero a las naciones de producción y tránsito de las drogas.

De otra forma, parece un contrasentido que Calderón llame a reflexionar sobre el enfoque actual de combate a las drogas y, a renglón seguido, proponga a los países centroamericanos un conjunto de políticas en la materia, como hizo ayer mismo: cabe preguntarse qué alcances y viabilidad puede tener el citado plan antidrogas si, al mismo tiempo, el modelo correspondiente es sometido a revisión.

Revisar el paradigma conllevaría, incluso desde la lógica prohibicionista, a abandonar la militarización del combate a las drogas, a poner el énfasis táctico en la investigación y persecución del lavado de dinero, y el estratégico, en el combate a la desigualdad, la marginación, el desempleo y la impunidad.

Mención aparte merece la petición de recursos por montos equivalentes al flujo de efectivo que mueven las corporaciones delictivas dedicadas al trasiego de estupefacientes ilícitos. Evidentemente, la demanda es irreal y desorbitada, por cuanto hace referencia a magnitudes de dinero no muy lejanas del presupuesto anual de defensa de Estados Unidos; por añadidura, y si se consideran los resultados contraproducentes producidos hasta ahora por la Iniciativa Mérida, el solo imaginar lo que provocaría una multiplicación semejante de los fondos de ayuda para combatir el tráfico de drogas abre una perspectiva llanamente aterradora.

Finalmente, la afirmación de que muchos países centroamericanos están en manos de señores de la muerte es poco mesurada, y ofensiva, porque implica una falta de respeto al conjunto de gobiernos e instituciones de la región, similar a la que el propio Calderón reprochó en su momento a los sectores de la clase política estadunidense que se refirieron a México como un Estado fallido.

En suma, los grados de confusión y contradicción reflejados en el discurso de ayer; la ausencia de una posición oficial transparente y coherente en torno al narcotráfico, y la incapacidad o falta de voluntad gubernamental para reconocer los errores cometidos hasta ahora, constituyen elementos sumamente preocupantes: en el contexto de violencia y barbarie cotidiana, de deterioro institucional y de declive generalizado que ha padecido el país en los últimos cuatro años, tales carencias ponen de manifiesto, más que un rumbo de acción gubernamental equívoco en el combate al narcotráfico, la inseguridad y la violencia, la ausencia de estrategias y definiciones claras para hacer frente a esos fenómenos.