Padres de familia del jardín de niños Andrés Oscoy Rodríguez solicitaron que se efectúe una mesa de trabajo con el titular de la Secretaría de Educación, Alonso Lujambio, pues los compromisos asumidos el 17 de junio, como el de permitir a familiares hacer guardias dentro del plantel para verificar las labores escolares, no han sido respetados.

La jefa delegacional de Iztapalapa, Clara Brugada, acudió ayer a las instalaciones de la SEP, pues se tenía agendada una mesa de trabajo en torno a la falta de infraestructura en los planteles educativos de la demarcación.

Sin embargo, y ante la gravedad de lo ocurrido en el jardín de niños, Brugada Molina convocó a los padres de los niños que sufrieron agresiones sexuales. Finalmente la comisión fue atendida por el titular de la Unidad de Coordinación Ejecutiva, Gonzalo Altamirano Dimas, y el coordinador general de Atención Ciudadana, Miguel Salcedo.

Los padres refirieron que los servicios de apoyo sicológico y asesoría jurídica que ha ofrecido la SEP han sido insuficientes, además de que no existe un mecanismo adecuado para valorar a los niños, por lo que no se sabe cuántos fueron violados.

Entre las peticiones de los familiares se encuentran un cateo al domicilio del presunto violador Saúl Blancas Tamayo, comenzar un procedimiento administrativo y legal contra la directora del plantel y que se garantice la seguridad de las familias demandantes.

Brugada lamentó el silencio que han guardado las autoridades educativas federales ante este caso y exigió que se adopten medidas inmediatas y permanentes para prevenir el abuso sexual en los planteles escolares.

La Diputación Permanente de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) se sumó a la demanda de los padres de familia y exigió una investigación y que se identifique a las personas que intervenieron en el abuso sexual.

En el punto de acuerdo, promovido en nombre de la diputada Aleida Alavez y presentado por el diputado Leonel Luna Estrada, se señala que entre los padres de familia priva la desinformación, la incertidumbre e inseguridad por la posibilidad de que más niños también hayan sido víctimas del conserje.

Los asambleístas pidieron a la dependencia federal otorgar las facilidades para el desarrollo de las investigaciones y el deslinde de responsabilidades, toda vez que los padres de familia exigen la suspensión de todo el personal de la escuela hasta que se aclare la situación.