Ante la tercera comisión de la Permanente, integrantes de la organización Familia Pasta de Conchos denunciaron que la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (Profedet) presiona a las viudas de los mineros muertos en Pasta de Conchos –el 19 de febrero de 2006–, en el pocito 3 –en Sabinas, Coahuila, el pasado 3 de mayo– y en el pocito Ferber –11 de septiembre de 2009– para que acepten indemnizaciones y pensiones ínfimas.

Ante diputados y senadores acusaron que al igual que en Pasta de Conchos, el pocito 3 y todos los demás, “empezaron a entregar pensiones con base en un salario mínimo de 105 pesos, que al mes representan entre 2 mil 300 y 2 mil 600 pesos, cantidad inferior a lo que los mineros ganaban a la semana. Y no sólo eso, se asignan tutores a las familias de parte del municipio de Sabinas; les hacen llamadas para amedrentarlas y que no participen en la organización ni escuchen a las víctimas de otros siniestros mineros.

Señalaron que el responsable de la Profedet “intenta que las viudas acepten una indemnización de 200 mil pesos, con el argumento de que había trabajadores que tenían un día laborado y que, por tanto, no les corresponden ni mil pesos. Pero les dicen que, además, ‘ellas’, las víctimas, deben estar conscientes de que la empresa ‘es muy pobre’, no como Grupo México, y que las indemnizaciones ‘tan altas’ en Pasta de Conchos fueron a cambio de que no se les entregaran los retos de sus familiares”.

En el caso de Oralia Martínez, viuda de un minero que falleció en el pocito Ferber, señalaron que la Profedet le llama para decirle que acepte 25 mil pesos, y que debe estar contenta porque nunca se había logrado semejante indemnización.

Cristina Auerbach, defensora de derechos humanos e integrante de la Familia Pasta de Conchos, aseguró que “dos días antes de salir de la región carbonífera para venir a este encuentro, las viudas del pocito 3 recibieron llamadas de ‘licenciados’ sugiriendo que no vinieran, porque ‘los camiones en que viajamos han sido baleados en dos ocasiones y ellas tienen familia a la que no pueden exponer por juntarse con nosotros’”.

Aseveró que “nadie irá a la cárcel por lo sucedido en el pocito 3 de Sabinas, como prometieron las autoridades, porque para el Poder Judicial del estado no es delito grave matar mineros en condiciones laborales que la Organización Internacional del Trabajo define como nuevos modelos de esclavitud”.

Cuestionó: ¿por qué tendríamos que esperar que las autoridades del estado procedan contra los responsables, si el mismo gobierno es el que controla el contrato con la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para la compra de carbón por medio de la Promotora para el Desarrollo Minero de Coahuila, obteniendo ganancias millonarias que no se transparentan?.

Propusieron que la tercera comisión de la Permanente presente un punto de acuerdo en el que se exhorte al presidente Felipe Calderón para que, al no haber ninguna limitación técnica para el rescate de cuerpos en Pasta de Conchos, ordene y disponga de lo necesario para sacarlos

Asimismo, propusieron que se solicite al secretario de Economía que presente un programa de inversión para diversificar la opción laboral en la región carbonífera de Coahuila y que se licite la compra del mineral para las carboeléctricas de la CFE, en coadyuvancia con las secretarías del Trabajo, del Medo Ambiente y de Hacienda, y con el director del IMSS, para que los contratos se hagan de manera directa y los volúmenes de compra se establezcan de acuerdo con la producción de cada mina y no por empresa, para que se suprima el coyotaje y la extracción en minas ilegales.

El senador panista Ricardo García Cervantes responsabilizó a los gobiernos federal y estatal del hostigamientos a las viudas, mientras el priísta Fernando Castro Trenti dijo que el próximo miércoles, la tercera comisión –que él preside– dará cuenta al pleno de la Permanente de la propuesta que presentaron.