Ocosingo, Chis., 21 de junio. En la laguna de Miramar, dentro de la Reserva Integral de la Biosfera Montes Azules (RIBMA), considerada por las autoridades ambientales prioritaria para la conservación a escala nacional, está a punto de comenzar la construcción de un gran complejo hotelero. Esto estaría ocurriendo sin el consenso de los pobladores, y sin perseguir un verdadero desarrollo sustentable para los habitantes de la región, según el informe confidencial de un especialista del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), plenamente identificado, quien solicitó el anonimato, y que fue confirmado con testimonios de pobladores tzotziles y choles del área.

Durante 2010, funcionarios federales de la Secretaría de Turismo (Sectur) y empresarios negociaron con los pobladores del ejido Emiliano Zapata, cuyas tierras colindan con la hermosa laguna Miramar, la concesión de cuatro hectáreas para la construcción de dicho complejo, así como el derecho de explotación turística de la laguna por los próximos 30 años.

Analistas, periodistas y organizaciones indígenas y ambientalistas con presencia en la selva Lacandona han denunciado reiteradamente que las medidas de reubicación y desalojo de poblaciones asentadas en Montes Azules con posterioridad al decreto que creó la reserva de la biósfera, en 1978, pretenden expulsar a los indígenas para explotar la zona turística y comercialmente. Esto se dirige a localidades consideradas irregulares en proximidad de las lagunas Suspiro, Ocotal y Ojos Azules, principalmente 6 de Octubre y Nuevo San Pedro, en el norte de Montes Azules. Otras comunidades en la mira son Nuevo San Gregorio, Nuevo Salvador Allende, Benito Juárez y Ranchería Corozal.

La construcción, por lo visto inminente, del complejo turístico en Miramar confirma los planes gubernamentales y empresariales para privatizar y subordinar a las comunidades. Según el informe, en poder de La Jornada, las autoridades “que han avalado la construcción del presente complejo y proyectos semejantes, no buscan ante todo vincular a las poblaciones locales con los beneficios y responsabilidades de la conservación, sino que, con sus acciones de facto, resultan corresponsables de la apropiación de zonas estratégicas de la selva Lacandona”. Dentro de esta concepción de desarrollo se inscriben los centros de ecoturismo en manos privadas y la reconversión de amplias zonas al monocultivo de palma africana y jatrofa (piñón) para producir biocombustibles.

Los antecedentes de la construcción del complejo hotelero son relatados por una parte de los pobladores afectados. No extraña que, como en tantos otros casos, resulte clave la división de las comunidades para desactivar cualquier resistencia. Un dato significativo es que la base militar de San Quintín se localiza a poco más de un kilómetro de Emiliano Zapata, ejido que se fundó a mediados del siglo XX y obtuvo su resolución presidencial en 1969.

Así, el decreto de la RIBMA, que comprende parte del ejido, resulta posterior. Las tierras de la comunidad poseen características relativamente adecuadas para la producción agropecuaria y el ecoturismo: tierras planas, agua abundante y atractivo turístico. Las habitan unos 850 choles y tzotziles. Como sucede en esa región, mayoritariamente tzeltal, al fondo la de las cañadas, son agricultores milperos que producen para autoconsumo. La única producción comercial es ganadera.

Como parte de la proyección del complejo hotelero se contempla una carretera que facilite la afluencia de los turistas. En relación con los estudios de impacto ambiental y la autorización del proyecto por parte de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Sectur señaló a los ejidatarios que no tenían por qué preocuparse al respecto. Para su sorpresa, refieren los ejidatarios, se enteraron que las autoridades ambientales ya habían efectuado los estudios para autorizar el proyecto, mientras que otros proyectos, más modestos, les habían sido negados a los indígenas por presuntas consideraciones ambientales.