Juristas e investigadores en seguridad y criminología recomendaron a la Cámara de Diputados modificar la minuta del Senado en materia de ley de seguridad nacional, con el propósito de diferenciar los conceptos seguridad nacional y pública, así como precisar qué es el estado de excepción para evitar la comisión de arbitrariedades en la intervención del Ejército en el combate al crimen organizado.

Ayer, durante el foro nacional Democracia, Seguridad Nacional y Derechos Humanos, Samuel González de Alba, ex subprocurador de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada de la Procuraduría General de la República, expuso que la minuta contiene imprecisiones de redacción y puso como ejemplo que el término estado de excepción se confunde con suspensión de garantías.

Señaló que si persiste la ambigüedad para que las fuerzas armadas intervengan cuando se considere que hay una amenaza o riesgo a la seguridad interior, desde luego que vamos a salir a protestar. Expuso que la Cámara de Diputados tiene la obligación de precisar las atribuciones del Ejército y la Marina.

Por su parte, el ex procurador general de la República y juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Sergio García Ramírez, planteó que la reforma a la Ley de Seguridad Nacional no debe aprobarse de manera aislada, sin modificar preceptos como el Código de Justicia Militar. Resaltó que tampoco debe pretenderse que se solucionen con la justicia penal problemas que tienen origen en la seguridad social.

Al participar en el foro mencionado, García Ramírez consideró que la minuta del Senado y el documento de trabajo presentado por el PRI justifican la intervención militar en estados o regiones con la figura de declaratoria de afectación a la seguridad interior, con una definición muy laxa pero que, al mismo tiempo, incluye la aplicación de tipos penales.

No podemos incurrir en caracterizaciones que abran el espacio del arbitrio a la autoridad, cuando durante años hemos pugnado por reducirlo. Entonces, no nos deslicemos al favorecimiento de ese arbitrio, expresó.

García Ramírez ponderó que el Poder Legislativo no puede aprobar la reforma considerando la disyuntiva de si prevalece el control del crimen o el debido proceso. Esa es una tesis absolutamente falsa y peligrosa. No queremos seguridad a costa de los derechos. Lo queremos todo. No se trata de seguridad o derechos humanos. Es derechos humanos, incluida la seguridad, acotó.

En su oportunidad, el presidente de la Comisión de Gobernación, Javier Corral (PAN), sostuvo que si bien la iniciativa del Ejecutivo para modificar esa ley buscaba otorgar un marco legal al apoyo del Ejército en los estados donde la autoridad ha sido rebasada por el crimen organizado, la redacción del dictamen debe ser precisa para no dar pie a actos arbitrarios o interpretaciones discrecionales en el uso de la fuerza.

Asimimso, el ex presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal Emilio Álvarez Icaza sugirió a la Cámara de Diputados que la discusión de la reforma se dé en el contexto de las nuevas disposiciones constitucionales en materia de derechos humanos y de la ley de amparo.

No tenemos una política de Estado, ese es el problema sustantivo. Una dinámica con más de 40 mil muertos y un número indefinido de desaparecidos requiere dar a este debate una visión de Estado y no sólo sentarse a discutir una Ley de Seguridad Nacional. Eso es muy peligroso y toda modificación debe suponer una armonía con la reforma constitucional de derechos humanos, la reforma en materia de justicia y la de amparo, afirmó.