Con la lógica de que es más fácil y barato importar tecnología que crearla, y renuentes a destinar capitales de riesgo a la innovación, de las cerca de 4 millones de empresas que existen en México se estima que invierten en desarrollo tecnológico apenas mil, esto es, 0.02 por ciento. El resultado: 13 mil 179 patentes otorgadas a los corporativos ubicados en México en 2010, cifra que, comparada con las solicitudes de las firmas a escala internacional, desnuda el nulo interés por la ciencia y la tecnología en nuestro país. En el mismo año, la japonesa Panasonic realizó 2 mil 154 requerimientos; el gigante chino de las telecomunicaciones ZTE Corporation, mil 863, y la estadunidense Qualcomm Incorporated, mil 677 peticiones.

Este panorama –alertan expertos– esclaviza a nuestra nación frente a los intereses de los consorcios de otros países, ya que la mayoría de las empresas que han requerido u obtenido estas licencias en México son extranjeras. Una grave consecuencia de la dependencia tecnológica es la permanente y creciente salida de capitales por concepto de compra de tecnología y pago de regalías, advierte la directora de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y ex presidenta de la Academia Mexicana de Ciencias, Rosaura Ruiz.

Lo anterior, señala el presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología de la Cámara de Senadores, Francisco Castellón, es un reflejo más de que la economía mexicana carece de rumbo propio.

El mercado interno está deprimido, no crece el consumo local y las empresas que generan innovaciones son escasas porque pocas tienen dinamismo económico. Otras, como las pequeñas y medianas, tienen que sobrevivir y los procesos de inventiva son un lujo, expresa.

Según la Encuesta sobre Investigación y Desarrollo Tecnológico 2010, realizada al sector productivo y elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), de un universo de 39 mil 600 empresas, 36 mil 511, esto es, 92.1 por ciento, nunca genera o desarrolla tecnología propia y la vende a otras empresas y sólo 698 –1.7 por ciento– siempre lo hace.

Las compañías reportaron un gasto total de apenas 27 millones 801 mil 48 pesos en innovación y una inversión intramuros en la mejora o creación de nuevos productos o procesos por 20 millones 833 mil 421 pesos, de los cuales 15 millones 417 mil 84 pesos se canalizaron a desarrollo tecnológico, 3 millones 919 mil 469 a investigación aplicada, y la mínima cantidad –un millón 495 mil 867 pesos– a investigación básica, es decir, a la producción de conocimiento científico.

El presidente de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), Salomón Presburger, apunta que el sector no invierte en esta materia porque hacerlo es muy caro. De hecho, conviene más traer la tecnología del exterior para luego volver a México, educar a la gente y entrar a la innovación.

El presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en la capital del país, Juan de Dios Barba, señala que existe una lógica de negocios consistente en que es más económico recurrir a instituciones o firmas del extranjero para importar desarrollos tecnológicos. En el momento en que resulte más barato desarrollar la ciencia y la tecnología en México y se vuelva más atractivo, las empresas consumirán aquí, pero es poco probable que esto ocurra en dos o tres años, señala.

Con ese esquema, el investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana, Jaime Aboites Aguilar, considera que los empresarios mexicanos son excelentes compradores de tecnología de punta, pero industriales fracasados en su capacidad de innovación e inventiva.

Con base en el censo económico 2009 del Inegi, en México hay 3 millones 724 mil 19 empresas, de las cuales 36.6 pertenece al sector servicios, 49.9 al de comercio y 11.7 a manufactura, esta última susceptible a la transferencia tecnológica.

No obstante, el sector productivo observa factores que, según su óptica, dificultan su participación en la actividad innovadora. La encuesta citada establece que 46.6 por ciento de las empresas ven como un obstáculo altamente significativo los elevados costos en esta materia; 45 por ciento considera que el riesgo económico es excesivo; 44.9 menciona la falta de financiamientos adecuados; 40.1 por ciento habla de trabas derivadas de la legislación vigente; 38.7 por ciento cree que hay una falta de apoyos públicos y 25.1 por ciento indica que existe una carencia de personal calificado.

Pese a que la contratación de cuadros especializados en este ramo es esencial para generar nuevos desarrollos, pocas corporaciones están dispuestas a hacerlo. Las más de 39 mil compañías que integran el universo del estudio dijeron estar dispuestas a contratar sólo a mil 540 doctores y 2 mil 602 maestros durante 2010, cantidad inferior a los 6 mil 138 puestos disponibles para empleados que únicamente requieren preparatoria.

Los industriales, señala el coordinador general del Foro Consultivo Científico y Tecnológico, Juan Pedro Laclette, no tienen conciencia de que el incremento de sus dividendos y su competitividad dependen de la aplicación del conocimiento para generar procesos, nuevos productos y ampliar sus mercados.

Pero los representantes de Concamin y Coparmex apuntan que el Estado mexicano es responsable de coordinar e incentivar las tareas en este rubro. En todos los problemas no puede haber un solo culpable, dice Juan de Dios Barba, quien agrega que el sistema de innovación y desarrollo científico y tecnológico no funciona, no hay estímulos fiscales para la inventiva y los recursos para el Conacyt y los centros de investigación del país son limitados”.

En sus dos años de operación (2009 y 2010), el Programa de Estímulos a la Innovación de Conacyt otorgó a 891 empresas recursos por 4 mil 35 millones de pesos, lo cual detonó una inversión privada por 7 mil 644 millones de pesos. Sin embargo, el esquema no ha estado exento de la crítica.

De 2001 a 2008 en que operó el Programa de Estímulos Fiscales (PEF) se invirtieron cerca de 20 mil millones de pesos, mientras en el mismo periodo sólo se destinaron a investigación básica 4 mil millones de pesos, apunta el investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM Rafael Loyola.

A lo anterior se suma que las empresas beneficiadas en el PEF –mediante estímulos indirectos– fueron principalmente trasnacionales. En un reducido número de consorcios se concentraron los apoyos; el presupuesto se destinó a actividades que no se consideran desarrollos tecnológicos y los millonarios apoyos no se reflejaron en la generación de patentes, establece el informe Estímulos fiscales para el fomento de la investigación científica y la tecnología en México de la Academia Mexicana de Ciencias.

Lo lamentable, dice el senador Castellón, es que hubo empresas que abusaron del modelo. General Motors tenía en su proyecto el desarrollo de un auto híbrido, con el argumento de que se hizo en una planta en México, lo cual es cuestionable. ¿Qué tanto podemos apoyar a escala mundial un proyecto de una trasnacional, que no es mexicana, con recursos públicos mexicanos? En otros casos se introdujeron facturas o gastos para acreditar el impuesto sobre la renta para evadir impuestos.

En el esquema vigente, los estímulos son directos, se busca que las empresas tengan relación con universidades y centros de investigación, pero el impacto aún es bajo, explica. El Conacyt establece que en 2010 las compañías apoyadas por el PEI generaron 200 solicitudes de patente.

En resumen, dice Aboites Aguilar, se requiere una política industrial más agresiva, pues hoy los empresarios viven mejor cerca del gobierno que de la innovación.