a trascendencia de la Caravana del Consuelo ha sido ampliamente analizada: el enorme acierto de colocar la mirada en las víctimas y sus familias, que también lo son. Las voces de los sin voz que se escucharon en el amplio recorrido en ruta hacia Ciudad Juárez, el epicentro del dolor, como bien lo han definido. En todo ello Javier Sicilia se convirtió en el emblema al fundir su duelo en el de todas y todos a quienes de manera directa les ha golpeado la brutal e irresponsable guerra, porque los verdaderos daños colaterales los está sufriendo la sociedad entera. La caravana, por tanto, vale por sí misma y forma parte ya de la historia social de nuestro país. Importa dejar clara esta valoración incuestionable porque parece necesario ahora colocar la reflexión en los desafíos e incluso contradicciones y riesgos que se perfilan al transitar hacia la construcción de un movimiento. ¿Con qué alcances? Cual parteaguas premonitorio, la reunión organizada el pasado 10 de junio en Ciudad Juárez concluyó con una serie de planteamientos que provocaron el desconcierto primero y rechazo explícito después por parte de Javier Sicilia y los copromotores más cercanos. Los puntos divergentes más fuertes se centraron en la petición del retiro inmediato del Ejército, el juicio político a Felipe Calderón, elemento que daba cuenta de una posición de no diálogo. Con ello se desató una campaña de ciertos medios descalificando a los supuestos duros, radicales, fundamentalistas.

Es ciertamente preocupante el argumento de que el plan que se firmaría, el verdadero, era el anunciado en el Zócalo el pasado 8 de mayo, con seis puntos que ahora vemos que eran no negociables. Y lo es porque ese mismo día se informó que eran la base para que se diera una amplia discusión. En esa lógica la Asamblea Juarense por la Paz con Justicia y Dignidad se pronunció, entre otros puntos, por: 4. Que la desmilitarización del país sea una demanda que no tenga margen de negociación. De eso depende el alto al derramamiento de sangre que atestiguamos cotidianamente 5. Que las seis exigencias que el Movimiento Nacional Ciudadano propone sirvan para dar sustento a los debates e intercambios en Juárez y a los cuales puedan agregarse otra serie de demandas (30 de mayo de 2011).

Si colocamos la mirada en el histórico proceso de elaboración de los acuerdos de San Andrés, sabemos que se inició con el enunciado de los temas y su contenido se definió sobre la base del diálogo. Lo que se está planteando acá es un tanto absurdo, pues independientemente de la justicia que entrañan los seis puntos de mayo, su definición dista mucho de expresar un proceso previo de amplio debate. Así las cosas, se ha dicho que en la reunión del 10 de junio pasado se produjeron simples relatorías y que en todo caso lo ahí expresado se podría considerar la Declaración de Ciudad Juárez, pero el Pacto Nacional es el del 8 de mayo (El Economista, 14/6/11).

Lo cierto es que esos deslindes públicos expresan que Javier Sicilia ha definido una ruta de diálogo con el Estado, específicamente con el ocupante de Los Pinos, llevando, eso sí la voz de las víctimas y exigiendo o esperando respuestas acordes con la paz, la justicia y la dignidad. Esta posición es, por supuesto, legítima aun cuando no exenta de contradicción con lo expresado duramente el propio 8 de mayo en el Zócalo: “¿Por qué se permitió al Presidente de la República y por qué decidió éste lanzar al Ejército a las calles en una guerra absurda que nos ha costado 40 mil víctimas y millones de mexicanos abandonados al miedo y a la incertidumbre?

Por eso les decimos que es urgente que los ciudadanos, los gobiernos de los tres órdenes, los partidos políticos, los campesinos, los obreros, los indios, los académicos, los intelectuales, los artistas, las iglesias, los empresarios, las organizaciones civiles, hagamos un pacto, es decir, un compromiso fundamental de paz con justicia y dignidad. Ahora yo pregunto: ¿por qué se sorprenden de la demanda de juicio político y de la convicción de que el pacto se construiría en ese proceso? Quienes acompañaron a la Caravana del Consuelo y plantearon otras propuestas seguramente no pretendían imponer agendas, simplemente se movían en una lógica distinta. Por ejemplo, me pareció importante que los pueblos indígenas de viva voz exigieran que se cumplan los acuerdos de San Andrés.

Se ha insistido mucho y con razón en la no violencia, y en ese asunto central no se observaron contradicciones en los documentos de las mesas de trabajo en la ciudad fronteriza. Tampoco en el referente ético, que no parece estar en cuestión. Las diferencias políticas que se observan no pasan por que unos sean éticos y otros no. Reconocer a las víctimas y aplicar la no violencia y la resistencia es crucial, pero no es incluyente de la vasta problemática que entraña un pacto nacional en lógica de refundación.